El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Pública solicitar una norma nacional que prohíba el comercio de teléfonos móviles usados porque con ello se promueven los asaltos, ya que la venta de estos celulares se realiza sin medidas de revisión ni controles estrictos.
En el reporte diario de acciones por el sismo, pidió a los gobiernos reconocer que el obtener el número del IMEI del celular y reportarlo en caso de robo es una medida que no ha funcionado, y se puede hablar que por cada celular que se vende usado se cometió un delito.
“Si el Estado no toma una determinación dura como debe de ser, debe estar prohibida la venta de celulares usados, no hay razón, simplemente, no lo puedes hacer por una razón de mercado, no creo que primero quienes comercializan los celulares vayan a tener un problema porque se prohíba que se vendan los usados, que tú le quieras vender a tu tío o tía está bien, pero que los estén comercializando en miles de celulares sin verificación, sin control eso no puede ser, porque le estamos mostrando a la sociedad es que un día vayas pasando y encuentres tu celular”.
Además, indicó que en esta reunión insistirá en las modificaciones que debe existir al Sistema de Justicia Penal para evitar que salgan de prisión quienes son reincidentes o usan armas de fuego.
En la conferencia dio cuenta que en la capital han sido certificados cinco centros del sistema penitenciario por cumplir con normas de seguridad, protección, orden, cuidados, administración, gestión e infraestructura, se trata de la Comunidad para mujeres, del Centro de internamiento para adolescentes Torre 1 y 2, el Varonil de oriente y la Institución casa abierta de medio tiempo.
“Certificación de centros del sistema penitenciario, con quien hicimos este programa, lo hicimos con la Asociación de correccionales de América, con el apoyo de asuntos antinarcóticos que está vinculado con estrategia de Iniciativa Mérida y lo que se trata es de tener estándares internacionales en los diferentes centros y hasta el día de hoy tenemos cuatro para adultos y dos para menores, es la primera vez que esto ocurre en la Ciudad de México”.
Indicó que para lograr la certificación se requiere una revisión de ejecución de sanciones y más inversión.