Integrantes de la Asociación Ecológica de Verificación del Distrito Federal demandan al gobierno de la Ciudad de México que “dé marcha atrás” a la suspensión de la verificación por 6 meses y exigieron la renovación a sus autorizaciones, porque “han cumplido con todos los requisitos de ley”.
La asociación expresó su inconformidad por el retiro de las concesiones que les aplicó el Gobierno de la Ciudad de México a los verificentros que representa.
A partir del primero de enero ya no podrán prestar el servicio más de 74 verificentros ya autorizados por la entrega de la concesión a 55 nuevos verificentros que, dijeron “muchos de ellos no están equipados y aún no cuentan ni con el terreno”.
“Con más de 20 años prestando el servicio, no se nos tomó en cuenta ni se nos invitó, a pesar de que año tras año estamos actualizando nuestros equipos. Es mentira, como dice la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, que nuestros equipos están obsoletos”, señaló Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación del Distrito Federal, quien advirtió que la medida afecta a 74 establecimientos en la capital y a más de dos mil 500 trabajadores.
Tras una convocatoria que los inconformes califican de “ilegal”, por “anomalías e irregularidades” el Gobierno de la Ciudad de México otorgó estas 55 concesiones; la asociación reclamó que se desconoce a qué empresas se otorgaron las nuevas autorizaciones.
Tras quejarse de un proceso “opaco”, los inconformes aseguran que la mitad de esas 55 nuevas concesiones se concentran en 5 empresas (con 7 verificentros cada una), “pasando por encima de los derechos de quienes actualmente prestamos el servicio”.
“Nos han hecho cambiar el equipo, lo hemos venido actualizando; en 2012 cambiamos todo el equipo y hace dos años tuvimos que instalar la computadora que diagnostica el buen estado de los vehículos”, dijeron.
Otra pérdida que reclamaron es la inversión que realizaron para la instalación de energía limpia con paneles solares cuyo costo que varía entre el millón a millón 700 mil pesos dependiendo de la extensión de cada verificentro, al tiempo que advirtieron que llevarán a cabo acciones legales y se ampararán por la decisión.
“Todo pareciera que dentro del año hidalgo quieren dejar instalados estos nuevos verificentros sin saber quiénes son los propietarios”, finalizó.