La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México que contempla la protesta social como un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, obligando a las autoridades a adoptar protocolos de actuación en manifestaciones con parámetros internacionales y prohíbe criminalizar la protesta social.
Con 64 votos a favor, 19 en contra, tres abstenciones y una discusión de cerca de cuatro horas, los constituyentes dejaron fuera la posibilidad de que los protocolos de actuación fueran hechos por organizaciones y no por autoridades que serían juez y parte, así lo pidió Joel Ortega.
“Las autoridades adoptarán protocolos de actuación establecidos, subrayó, establecidos por la legislación respectiva, y basada en tratados internacionales, porque digo esto, porque en protocolos de actuación ante manifestaciones públicas no pueden ser elaborados por la autoridad”, explica.
Otro punto que omitieron fue la petición del diputado de Morena, Héctor Bonilla, quien solicitaba que las manifestaciones tuvieran respuesta de algún funcionario.
“La solución, que la manifestación no sea el derecho de pataleta, que exista alguien que por un lado sopese lo que digan asesorados con un abogado con todos los elementos en la mano por qué se manifiestan y cualquier funcionario tenga la obligación de responder, esto es un parapeto para que el derecho de pataleta se quede solamente en eso, y que haya un jurado que emita un juicio”, dijo Bonilla.
El artículo 12 también contempla el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, evita la previa censura para que solo sea limitada en los casos que señala la Constitución Política federal, incluye la garantía de réplica y mantiene el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información.
También, prevé el derecho a la información plural y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; la garantía de privacidad y la protección de los datos personales; contar con un gobierno democrático y participación política paritaria.