El día de hoy, el Gobierno de México anunció que presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta medida responde directamente a la muerte de un migrante mexicano en un operativo migratorio en Texas y a los fallecimientos de 14 connacionales registrados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según información de la agencia EFE, la cancillería confirmó que el objetivo es elevar el reclamo más allá del ámbito diplomático. Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado buscará que las autoridades estadounidenses investiguen formalmente las responsabilidades penales derivadas de estos eventos, priorizando la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Acciones legales contra responsables
La estrategia incluye presentar denuncias contra quien resulte responsable ante fiscalías estatales y federales en el país vecino. Además, el Gobierno de México emprenderá acciones civiles contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención, a las cuales ya se les notificó formalmente el cese de conductas violatorias que derivaron en las muertes bajo custodia.
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El canciller Roberto Velasco detalló que esta ofensiva legal también contempla solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener medidas cautelares urgentes. Asimismo, se solicitó la intervención de la ONU, específicamente a través del alto comisionado para los derechos humanos, para salvaguardar la integridad de los mexicanos recluidos en instalaciones del ICE.
Contexto de la crisis migratoria
La situación refleja un entorno migratorio endurecido tras los recientes cambios en la administración estadounidense. Según los datos oficiales, al menos 17 mexicanos han perdido la vida en centros de detención o durante redadas operadas por autoridades migratorias en meses recientes.
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La colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) será fundamental para robustecer los expedientes. Con estas medidas, México pretende sentar un precedente sobre las condiciones en los centros de detención, las cuales han sido criticadas por diversas organizaciones sociales debido a la falta de garantías básicas para la salud y vida de los migrantes.