La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sanción administrativa impuesta a Raymundo Collins Flores, exdirector del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), quien deberá pagar una multa de 42 millones de pesos y permanecer inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos.
La resolución deriva de una investigación por abuso de funciones, luego de que en 2018 autorizó una constancia de condominio popular para un inmueble que no cumplía con los requisitos legales para acceder a beneficios fiscales, lo que ocasionó un perjuicio a la Hacienda pública.
Collins, quien también fue subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y director de la Central de Abasto durante administraciones capitalinas anteriores, buscó revertir la sanción mediante un amparo.
Te podría interesar
En su recurso argumentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México no define con claridad el concepto de "perjuicio al servicio público", por lo que, a su juicio, la norma resultaba ambigua e inconstitucional.
Sin embargo, el máximo tribunal rechazó ese planteamiento y determinó que el término puede interpretarse conforme al contexto jurídico, por lo que no vulnera el principio de certeza legal.
Te podría interesar
Foto: Cuartoscuro
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres sostuvo que los servidores públicos tienen la obligación de actuar bajo principios como legalidad, transparencia, honradez, eficiencia e imparcialidad, por lo que existe claridad sobre las conductas que pueden derivar en responsabilidades administrativas.
La decisión fue respaldada por ocho ministros. Únicamente Irving Espinosa Betanzo se excusó de participar en la votación debido a que anteriormente intervino en el caso cuando formaba parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Raymundo Collins permanece prófugo de la justicia desde 2020 y actualmente figura entre las personas cuya extradición ha sido solicitada por el Gobierno de México a Estados Unidos.