La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la ”recomendación reivindicatoria de la lucha de los las víctimas directas e indirectas” de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre de 2014 que derivaron en la desaparición de 43 normalistas rurales de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “de las deficientes investigaciones de los mismos”.
La Recomendación 208VG/2026 versa “sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos en contra de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; por violaciones graves al derecho humano a la libertad, por uso excesivo de la fuerza, por tortura y desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes normalistas; por violaciones graves al derecho humano a la integridad física y a la vida en agravio de las víctimas V1, V2, V15, V44, V45 y V46; por uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, en agravio de las víctimas V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71, V72, V73, V74, V75, V76, V77, V78, V79, V80, V81, V82, V83, V84, V85, V86, V87, V88, V89, V90 y V91; así como por violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia en agravio de las víctimas directas sobrevivientes y de los familiares de todos ellos, con motivo de las investigaciones sobre esos hechos”, indica el organismo en un comunicado.
“Incorpora entre otras, la documentación sobre los 800 folios ‘CRFI’ (del Ejército) cuya desaparición se ha reclamado y que nosotros requerimos aclaración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), y la obtuvimos. También está en análisis de la actuación del GIEI y de la CIDH. Y del amparo que dio pie a la liberación de un importante número de responsables confesos, algunos de ellos bajo tortura, pero todos sin respaldo científico que lo comprobara.
Se aborda, desde luego, el caso de V44, al que se ha escatimado su condición de víctima de tortura y ejecución extrajudicial, una deuda inaplazable que ahora hemos documentado fehacientemente. Y abordamos también su criminalización, y la de otros muchos normalistas que han sido objeto de narrativas fantásticas, con las que se ha pretendido eludir la resolución del caso y con ella, la verdad llana”, apunta.
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Este instrumento recomendatorio “es una defensa de los derechos humanos de las víctimas indirectas que llevan casi 12 años luchando, y de las víctimas directas sobrevivientes que ni siquiera han contado con el apoyo para reconstruir sus proyectos de vida al que se suponía tenían derecho. Es una reivindicación, clara y contundente, de las normales rurales del país, desde luego de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de su lucha por existir y sobrevivir y, por ende, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) por años descalificada y criminalizada, incluso por esta CNDH en su Recomendación 15VG/2018”, resalta el organismo.
Este nuevo instrumento recomendatorio plantea la necesidad de fortalecer una atención nacional y soberana del caso, que convoque a las autoridades, a todas, de la mano con las víctimas, a formar un frente común para brindar una respuesta conjunta e institucionalmente articulada frente a la gravedad, complejidad y dimensión humana del caso, resalta.
La investigación determinó diversas violaciones graves a los derechos humanos: al derecho humano a la libertad, a la integridad física y a la vida, por uso excesivo de la fuerza, así como violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia, agrega el boletín de la CNDH, al recalcar que la Recomendación “aborda el Caso Iguala desde el enfoque de los derechos humanos… a partir del principio pro persona, que busca, además de contribuir al acceso a la verdad y a la justicia, ser un balance necesario y amplio de lo ocurrido hace más de 11 años, y de lo que sucedió después”.
“Este instrumento habrá de ser útil tanto para las víctimas en su lucha reivindicatoria, como para las autoridades responsables de las investigaciones, porque su trabajo articula diversas dimensiones de las narrativas generadas con motivo de las diversas interpretaciones de los hechos, que permitieron llegar a conclusiones muy concretas, incluso hipótesis y líneas de investigación serias y fundadas, los antecedentes de los hechos, sus consecuencias e implicaciones” añade la CNDH.
Las conclusiones de esta Recomendación parten de un balance serio, responsable y apegado a la realidad, y cuyo eje central, reiteramos, por supuesto, son las víctimas, y nuestro compromiso con ellas. Su propósito no es agotar la complejidad del análisis y las investigaciones del caso, sino abonar a su comprensión y resolución desde diversos aspectos que se estiman relevantes, como el análisis de la construcción de diversas narrativas a lo largo del tiempo, la naturaleza de la participación de la asistencia internacional, la priorización de determinadas versiones para la investigación del caso y las implicaciones de todo ello en el aplazamiento de su resolución, subraya.
La Recomendación 208VG/2026 está dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa; a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); a la Comisión Nacional de Búsqueda; a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero; a las presidencias municipales de los Ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco del estado de Guerrero; a la Fiscalía General del Estado de Guerrero; a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero; a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; a las secretarías de Seguridad Pública de Iguala de la Independencia y de Taxco de Alarcón, y a las direcciones de Seguridad Pública de Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco de Trujano, detalla la CNDH.
Rocío Méndez (@rmnewsmvs)