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FGR: aún no hay pruebas contra Rocha Moya

La FGR aseguró que Estados Unidos aún no ha presentado las pruebas necesarias para sustentar la solicitud de detención y extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.

Confirmaron que Rocha Moya ya rindió declaración y el caso sigue abierto.
Confirmaron que Rocha Moya ya rindió declaración y el caso sigue abierto.Créditos: Cuartoscuro
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La FGR aseguró que Estados Unidos aún no ha presentado las pruebas necesarias para sustentar la solicitud de detención y extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Gobierno de Estados Unidos continúa sin presentar las pruebas que, conforme al marco jurídico mexicano, permitan sustentar la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La petición fue realizada por autoridades estadounidenses en abril, dentro de una investigación relacionada con presuntos delitos de narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa, autoridades de la FGR señalaron que la investigación permanece abierta y que México mantiene el análisis de la información recibida, mientras espera que Washington entregue elementos probatorios suficientes para avanzar conforme a la legislación nacional.

¿Por qué la FGR asegura que no puede detener a Rubén Rocha Moya?

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone, explicó que la solicitud enviada por Estados Unidos no cumple hasta ahora con el estándar probatorio mínimo que exige el sistema de justicia mexicano.

El funcionario indicó que, con la información recibida hasta el momento, no existen pruebas concretas que permitan atender favorablemente la petición de captura formulada por el Departamento de Justicia estadounidense.

Asimismo, recordó que el Ministerio Público Federal ya tomó declaración al gobernador Rubén Rocha Moya, así como a otros servidores públicos mencionados en la investigación.

 

¿Quiénes aparecen en la investigación de Estados Unidos?

De acuerdo con la FGR, además del mandatario estatal, también fueron entrevistados otros funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Las investigaciones derivan de una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez políticos de Sinaloa, quienes presuntamente habrían recibido sobornos de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de favorecer sus operaciones.

Las autoridades estadounidenses les atribuyen delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

La FGR mantiene abierta la investigación

David Boone precisó que la Fiscalía continúa recabando datos de prueba derivados de los señalamientos formulados por Estados Unidos.

Por su parte, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el Gobierno mexicano solicitó a las autoridades estadounidenses justificar la urgencia de las órdenes de captura solicitadas contra las diez personas investigadas.

Añadió que, hasta ahora, la investigación en México se limita exclusivamente a los delitos por los cuales fueron señalados por Estados Unidos y no se ha ampliado a otras posibles conductas.

Ernestina Godoy explicó las circunstancias del caso/Foto: Caurtoscuro 

¿Qué ha ocurrido con Rubén Rocha Moya y los demás funcionarios?

Como parte del proceso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y militante de Morena, solicitó separarse temporalmente de su cargo para enfrentar las acusaciones. Otros funcionarios incluidos en la investigación adoptaron la misma medida.

Mientras tanto, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene la postura de no ejecutar las solicitudes de extradición hasta que existan elementos probatorios suficientes que respalden la petición de las autoridades estadounidenses, conforme a lo establecido por la legislación mexicana.

La FGR señaló que continuará analizando la información disponible y esperando la documentación complementaria que pueda remitir Estados Unidos para determinar si se cumplen los requisitos legales necesarios para proceder con las solicitudes planteadas.

Hasta el momento, la Fiscalía sostiene que no cuenta con el nivel de evidencia requerido por el derecho mexicano para avanzar en la detención con fines de extradición de los funcionarios investigados.