Un tribunal de en Pachuca declaró culpable a Marco Antonio “N”, exelemento de la policía municipal, por el feminicidio de Rosaura y por el homicidio de dos integrantes de su familia, en un caso que exhibió presuntas fallas institucionales en la protección de víctimas de violencia.
El fallo fue emitido al término del juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentara 36 testimonios, así como pruebas documentales y fotográficas que acreditaron la responsabilidad del acusado en el ataque ocurrido el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma.
Además del feminicidio, el tribunal encontró responsable a Marco Antonio “N” de dos homicidios dolosos calificados y del delito de tentativa de homicidio doloso calificado. La sentencia será determinada en una audiencia posterior.
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Un historial de denuncias y medidas que no evitaron el crimen
El caso de Rosaura había generado preocupación desde meses antes del ataque. En octubre de 2024, la víctima denunció a su entonces pareja por violencia intrafamiliar y secuestro, lo que derivó en medidas de protección que le prohibían acercarse a ella.
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El exagente permaneció un mes en prisión por esos hechos; sin embargo, el proceso fue suspendido en noviembre de 2024 y recuperó su libertad. Posteriormente renunció a la corporación policial y comenzó a trabajar como guardia de seguridad privada.
Tiempo después, Rosaura presentó una nueva denuncia por violencia familiar equiparada. Días antes de la audiencia de imputación, el ahora declarado culpable volvió a retenerla por la fuerza, pese a que existía una restricción judicial en su contra. La audiencia fue aplazada a petición de la defensa y nunca llegó a celebrarse antes del ataque.
El ataque contra toda la familia
El 5 de febrero de 2025, Marco Antonio “N” acudió al domicilio de Rosaura portando un uniforme de la policía municipal, pese a que ya no pertenecía a la corporación.
Durante la agresión asesinó a Rosaura, a su madre y a uno de sus hermanos. Su padre y otro de sus hermanos sobrevivieron con diversas lesiones.
Tras los hechos intentó escapar en una camioneta, pero fue detenido el mismo día por las autoridades.
Investigación por posibles omisiones
Después del crimen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo informó que seis servidores públicos son investigados por presunta violencia institucional, al considerar que pudieron existir omisiones en la atención y protección de la víctima.
El caso también reavivó el debate sobre la actuación de las autoridades judiciales que conocieron las denuncias previas de Rosaura y las decisiones que permitieron que el acusado enfrentara el proceso en libertad antes de cometer el ataque.