La Constitución Política debería establecer que los senadores de la República y los diputados federales, así como sus suplentes, deberán presentar exámenes toxicológicos al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, ello, para garantizar que ejerzan sus facultades y cumplan sus obligaciones a cabalidad, propuso el integrante de la bancada del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Enrique Canturosas.
En el texto de su iniciativa de reforma a la Carta Magna, el parlamentario no señaló nombres, pero hizo mención muy específica al Senado de la República.
El planteamiento agrega que también los secretarios de Estado, así como magistrados y jueces, deberían hacerse el antidoping al menos cada año.
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Canturosas Villarreal solicitó modificar los artículos 59, 91 y 100 de la Constitución, para establecer que los congresistas federales deberán presentar examen toxicológico al inicio de cada periodo de sesiones.
La propuesta dejaría libres de hacerse el antidoping a ministros y ministras de la Suprema Corte, así como a la persona titular del Ejecutivo Federal.
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Antidoping obligatorio
Al defender la iniciativa, el promovente aseguró que las pruebas toxicológicas a servidores públicos no son recientes y se aplican en el congreso de Baja California Sur donde la sanción si el resultado es positivo, es la destitución del cargo.
Ello, aunado a que, en otras legislaturas, integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido del Trabajo (PT), también han propuesto establecer el antidoping como requisito para conservar las curules y los escaños.
Hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que las evaluaciones de control de confianza son medios y no fines para verificar la validez de requisitos legales, y deben estar previstas específicamente en la ley para que se apliquen de manera válida, útil y razonable.
En consecuencia, el legislador equiparó el antidoping a una evaluación de control de confianza.
Argumentó que la finalidad es asegurar integridad, idoneidad y transparencia en el ejercicio del servicio público, así como garantizar que los legisladores federales, secretarios de Estado y juzgadores se encuentran en un estado físico y mental aptos para el cumplimiento de las funciones.
Es necesario que quienes desempeñen cargos de elección popular y alta responsabilidad en el servicio público en las secretarías de Estado “lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”.
Agregó que ejercer responsabilidades públicas bajo los influjos de sustancias ilícitas y los efectos del abuso de esos productos “puede afectar gravemente la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo”.
“Los representantes de la nación y los integrantes del Senado de la República deben poner el ejemplo y someterse a los exámenes toxicológicos”, enfatizó el diputado federal.