La investigación ordenada por la Presidenta de la República por el hallazgo de más de 18 millones de medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” debe escalar y llegar a fondo, no solo quedarse en el ámbito de la Secretaría Anticorrupción, exigió la vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.
La legisladora adelantó que hará la petición formal para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalde la demanda de que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga.
El hecho revelado a través de un trabajo periodístico en el diario La Jornada es tan grave que llega al grado del crimen de lesa humanidad, acusó la congresista.
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Se trata de una violación a derechos humanos como el del acceso a la salud, ya que mientras la autoridad responsable dejó vencer millones de medicinas, los ciudadanos se vieron obligados a comprometer su gasto y el sustento familiar, comprando de su propio bolsillo los insumos médicos.
“Es una burla que ahora anuncien una investigación cuando su sello ha sido proteger a los suyos. Mientras millones de pacientes peregrinaban buscando un medicamento, millones de dosis se echaban a perder en una bodega. Por eso presentaré un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir que la investigación no quede sólo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Fiscalía General de la República debe intervenir y fincar responsabilidades, estamos ante un crimen de lesa humanidad”, sentenció.
Luna Ayala reclamó el hecho confirmado por el propio titular de la Secretaría de Salud, tras admitir que los más de 18 millones de piezas de fármacos, cuyo valor es equivalente a 121 millones de pesos, se echaron a perder al quedar estacionados en bodegas en lugar de distribuirse a los pacientes.
¿Quién dejó caducar 18 millones de medicinas?
Se debe esclarecer si el hecho se debe a fallas en materia administrativa o en el proceso de distribución o bien a la intervención de factores ajenos a la salud o a un acto deliberado.
Exigió que las indagatorias lleguen a fondo para determinar quién fue el responsable de permitir que insumos indispensables para la salud e incluso la sobrevivencia de miles y quizás millones de personas no llegaran a su destino final y se deterioraran hasta quedar inservibles.
Pidió no olvidar que el Gobierno Federal ha utilizado como bandera frente a la población que el sistema de salud en el país sería, bajo su administración, tan eficiente como el de Dinamarca, mientras deja que las medicinas se echen a perder en bodegas.
La diputada Luna enfatizó que, aunado a la violación grave al derecho de acceso a la salud, el caso implica un daño patrimonial de 121 millones de pesos.
“No podemos normalizar que se desperdicien millones de medicamentos mientras las familias mexicanas siguen enfrentando el desabasto. Los responsables deben rendir cuentas y responder ante la ley", reclamó.
