El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que logró la reinstalación de 18 personas servidoras públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública que fueron cesadas en días pasados.
Destacó que esto es resultado de la disposición de las autoridades del Órgano de Administración Judicial y del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
El Sindicato no informó qué sucederá con el resto de los 43 trabajadores que fueron cesados en distintos puntos del país y que laboraban en dicho instituto.
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La organización sindical, que encabeza Jesús Gilberto González Pimentel, había enviado un oficio al Órgano de Administración Judicial solicitando que se reconsiderara la determinación de reducir la plantilla del personal de confianza adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Argumentó que el Instituto desempeña una función esencial para garantizar el acceso a la justicia, la defensa adecuada y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, por lo que cualquier medida administrativa que incida en su capacidad operativa debe analizarse cuidadosamente.
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Advirtió, además, que una reducción de personal podría afectar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio que se brinda a las personas usuarias.