El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México interpuso una denuncia penal contra seis funcionarios del gobierno local, incluida la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la selección de México sobre Ecuador, realizados en Paseo de la Reforma.
El diputado federal y vocero del PAN en la capital, Federico Döring Casar, y Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, acudieron ante la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar la denuncia, en la que señalan que en este caso se pudieron constituir los delitos de homicidio, homicidio por omisión, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y los que resulten de la investigación.
La acusación contempla a César Cravioto, secretario de Gobierno; Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana; Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ana Francis López, secretaria de Cultura; y Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
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En la querella se establece que el Gobierno de la Ciudad de México convocó a los capitalinos no solo a ver los partidos desde las pantallas instaladas en todo Paseo de la Reforma, sino que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó junto con su gabinete una serie de actividades y prometió que todo sería seguro.
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Priscila Vera, integrante del CEN del PAN, criticó que las autoridades no pudieron garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos.
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En tanto, Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX, afirmó que la policía no pudo con tanto aforo y que debieron considerar el riesgo cuando se planeó todo lo relacionado con la competencia deportiva.
El PAN demandó investigar si se llevaron a cabo estudios técnicos de aforo; si se realizaron análisis de riesgos; si se respetó la capacidad máxima permitida; y si se cumplió el Protocolo para la Realización de Eventos Masivos aprobado por el Gobierno de la Ciudad de México. Además, señaló que se debe indagar si las distintas dependencias ejecutaron efectivamente las acciones que anunciaron públicamente.