La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces federales ya no podrán suspender la obligación de los agentes aduanales de presentar una declaración anual sobre su patrimonio.
Por unanimidad, el Pleno consideró que frenar este requisito afecta el interés público y obstaculiza las acciones del Estado para prevenir actos de corrupción, contrabando, fraude fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La declaración patrimonial es uno de los puntos más controvertidos de la reforma de 2025 a la Ley Aduanera y ha provocado una ola de amparos en distintos estados del país.
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Corte destaca función de interés público
Aunque los agentes aduanales son profesionistas independientes y no servidores públicos, la Corte señaló que realizan una actividad privada de interés público y operan mediante una patente otorgada por el Estado. Por esta razón, sostuvo, su actividad puede estar sometida a una estricta regulación y vigilancia gubernamental.
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Los ministros advirtieron que conceder suspensiones impediría a las autoridades obtener y analizar información financiera relevante para detectar posibles operaciones ilícitas.
Fallo no elimina suspensiones ya concedidas
La resolución deriva de una contradicción entre tribunales y establece un criterio obligatorio para futuros casos. Sin embargo, las suspensiones otorgadas previamente permanecerán vigentes por ahora.
La Corte tampoco resolvió todavía si la obligación de presentar la declaración patrimonial es constitucional. Ese análisis se realizará posteriormente al estudiar los amparos promovidos contra la reforma.
Los agentes aduanales argumentan que el requisito viola el artículo 108 de la Constitución, al señalar que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales corresponde a servidores públicos.
Reforma provoca ola de amparos
La ministra Lenia Batres destacó la relevancia de la actividad aduanera al señalar que solo durante enero y febrero se registraron 3.3 millones de operaciones de comercio exterior y 1.6 millones de pedimentos de importación y exportación.
Al menos 40 agencias aduanales habían promovido amparos contra la reforma únicamente en la Ciudad de México, mientras cientos de litigios adicionales se tramitan en juzgados federales del resto del país.
Además de la declaración patrimonial, los agentes han impugnado nuevas obligaciones relacionadas con la integración de expedientes de clientes y empleados, la responsabilidad por impuestos omitidos y mayores controles sobre las operaciones aduaneras.