Desde la Cámara de Diputados, el integrante de la fracción del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, presentó una solicitud de juicio político contra miembros del Congreso de Coahuila.
El recurso reclama incumplimiento de resoluciones judiciales, negativa a legislar sobre la revocación de mandato y por “promover la criminalización de la protesta social”.
El diputado Mejía Berdeja también dio a conocer que su partido impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el fallo del Tribunal Electoral local, que no anuló la más reciente elección local.
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Defensa de “Lord Lamborghini”
Al dar a conocer dichas acciones, precisó que la demanda de juicio político se dirige a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila, porque no quisieron acatar la resolución de un juez de restaurar en el puesto al polémico diputado Antonio Flores Guerra, también conocido como “Lord Lamborghini”.
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En defensa del legislador local, el legislador federal afirmó que éste “fue despojado” arbitrariamente de la función parlamentaria y no ha sido restituido como ordenó un juez federal.
De acuerdo con información periodística, Flores Guerra habría sido suspendido tres meses por decisión del Congreso estatal, a inicios de junio pasado, por acumular al menos tres faltas injustificadas.
Calificó como “inconstitucional” la determinación y por eso demandó juicio político contra los integrantes del organismo parlamentario que representan al tricolor.
Agregó que los diputados denunciados y que forman parte de la Junta de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso estatal, también llamaron a “criminalizar” a las personas que protestaron el pasado 30 de junio a las puertas de ese recinto.
Puntualizó que la autoridad local tiene “la intención” de abrir procesos penales contra los manifestantes y “encarcelarlos” por ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación.
“Se denuncia un estado fascista, criminal y policial de represión bajo el actual gobierno de Manolo Jiménez. Se exige libertad para los presos políticos mencionando específicamente el caso de Tania Flores”, agregó.
El parlamentario reclamó que las instituciones en esa entidad no son independientes y por ello se acude a instancias federales a denunciar violaciones al Estado de derecho. Acusó que la orden de suspender de sus funciones al diputado Flores por faltista, la emitió el gobernador Manolo Jiménez y la concretó el diputado priísta Carlos Robles.
En cuanto a la negativa de la mayoría en el parlamento coahuilense de incluir la revocación de mandato para gobernador, aseveró que se trata de un desacato a disposiciones constitucionales.
Sobre la impugnación del PT, en conjunto con los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las más recientes elecciones locales, reiteró que esas fuerzas políticas acudirán al Tribunal Electoral federal ante el cual demandarán anular los comicios.