El Instituto Federal de Defensoría Pública notificó el despido masivo e inmediato de 43 trabajadoras sociales distribuidas en sus 31 delegaciones a nivel nacional. Durante una entrevista con la periodista Pamela Cerdeira para MVS Noticias, el exasesor jurídico de la institución, Mauricio Pérez Hernández, confirmó que la remoción de este personal altamente especializado deja en la vulnerabilidad a los sectores más desprotegidos de la sociedad que enfrentan procedimientos penales a nivel federal.
¿Por qué despidieron a las trabajadoras sociales de la Defensoría Pública?
De acuerdo con el testimonio de Pérez Hernández, las autoridades de la institución no brindaron un motivo legal claro para justificar el cese de funciones. A las trabajadoras únicamente se les notificó un día antes que su separación laboral tendría efectos inmediatos.
Te podría interesar
Aunque de manera extraoficial se ha manejado que el recorte obedece a una cuestión de presupuesto, el exasesor desestimó esta versión, recordando que los recursos del Instituto ya estaban previamente aprobados y asignados. Además, destacó que no existe ninguna justificación administrativa, pues la Ley Federal de Defensoría Pública, sus bases generales de organización y los manuales de puestos no han sufrido ninguna reforma, modificación o derogación que implique la extinción de estas plazas.
El impacto de los despidos en los grupos vulnerables
Te podría interesar
La salida de este personal representa una pérdida sustantiva en la prestación de justicia interdisciplinaria, ya que sus funciones de asesoría, orientación y representación no pueden ser realizadas por cualquier otra persona ante los órganos jurisdiccionales.
A nivel humano, la medida impacta severamente a las afectadas, pues de las 43 personas despedidas, 39 son mujeres que enfrentan diversas vulnerabilidades. Según detalló el entrevistado, muchas de ellas son jefas y proveedoras del hogar, padecen enfermedades extremas, y contaban con más de 20 años de servicio en una institución que tiene apenas 28 años de existencia.
¿Qué harán las trabajadoras despedidas por el Poder Judicial?
Ante esta situación inédita, las trabajadoras sociales buscarán elaborar una estrategia de defensa legal, a pesar de que el proceso es anímicamente complejo y muchas aún no asimilan la noticia.
La batalla jurídica presenta un escenario contradictorio, ya que las exempleadas dependían directamente del Poder Judicial y tendrán que iniciar su defensa legal contra este mismo órgano. Mauricio Pérez explicó que, aunque la Constitución señala en muchos casos que la vía del amparo es improcedente contra actos del extinto Consejo de la Judicatura Federal (ahora órgano de administración de justicia y tribunal de disciplina judicial), esto no será un impedimento para exigir sus derechos.
"La Constitución establece muy claramente que toda persona sin excepción tiene derecho a una justicia pronta, expedita y accesible", concluyó Pérez, y señaló la grave incongruencia de que el mismo órgano encargado constitucionalmente de otorgar la defensa judicial sea el responsable de vulnerar los derechos laborales de sus trabajador.