Un juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla ordenó a la Fiscalía mexiquense entregar la totalidad de las constancias físicas y digitales a los abogados de Rodolfo “N”, conocido públicamente como “El Wero Bisnero”, con la finalidad de asegurar su derecho a una defensa técnica adecuada dentro de la causa penal 2641/2025.
Durante la celebración de la audiencia intermedia efectuada este jueves 4 de junio de 2026 en los juzgados de San Pedro Barrientos, la autoridad judicial autorizó el diferimiento del debate procesal tras acreditarse que la representación social retrasó la entrega de los registros hasta dos días antes del vencimiento del plazo legal, fijando la reanudación del caso para el 18 de junio a las 08:30 horas.
Litigantes acusan irregularidades operativas
La defensa legal del imputado, expuso ante el tribunal que el expediente penal presenta fallas estructurales que comprometen la veracidad de la acusación.
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Según el litigante, la institución ministerial incurrió en un patrón de conducta orientado únicamente a ratificar una hipótesis previa en lugar de buscar el esclarecimiento de los hechos.
¿Qué anomalías reporta el expediente de la Fiscalía mexiquense?
De acuerdo con el balance técnico presentado en la sala de audiencias, la documentación integrada por el Ministerio Público adolece de exhaustividad.
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El defensor detalló que la estrategia no busca generar retrasos maliciosos en el procedimiento, sino obligar a que la etapa intermedia funcione como un filtro de legalidad antes de proceder a un juicio oral.
El análisis de las constancias revela un patrón procesal deficiente: al menos 10 respuestas incompletas por parte de la autoridad, 8 diligencias fundamentales sin desahogar, 6 violaciones al derecho de contradicción, y 5 rutas alternas de investigación ignoradas.
Ante este panorama, la defensa solicitó formalmente la depuración de los testimonios recopilados, el contraste de los dichos con evidencias científicas y la revisión de las cámaras de seguridad, trayectorias, accesos y comunicaciones de la víctima que quedaron fuera de las pesquisas oficiales, impidiendo que la presión del entorno mediático reemplace los principios constitucionales del debido proceso.