La defensa de 13 de los 92 presuntos narcotraficantes mexicanos que fueron entregados al gobierno de Estados Unidos, presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ello con el fin de que se les brinde asistencia consular para que sean repatriados y juzgados en México.
Acusan trato preferencial a Rubén Rocha Moya
En entrevista, el abogado Marco Antonio Avilés Huerta afirmó que con este caso, el gobierno de México permitió la intervención ilegal de las autoridades norteamericanas.
“El día de hoy estamos denunciando que se permitió por parte del gobierno Mexicano ese intervencionismo que para este momento tanto están alardeando de que no debemos permitir. La entrega de las 92 personas que estaban detenidas aquí en México fue la punta de lanza, el iceberg, de permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o cause legal contemplado en tratados internacionales, la Constitución”.
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El litigante recordó que, en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, autoridades federales señalaron públicamente que no existía una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional, lo que obligaba al gobierno mexicano a revisar cuidadosamente la evidencia y la urgencia del caso.
“Debe de existir la voluntad política para que el gobierno mexicano haga algo para poder restituir en sus derechos a estas personas y cómo, pedir su repatriación; para qué, para juzgarlos acá por los hechos que tengan pendientes acá. Enseguida, si encuentra que los hechos por los cuales están siendo juzgados en Estados Unidos también pueden ser juzgados en México, por qué no, que lo haga. Lo estamos viendo con el caso del gobernador Rocha en donde, ahí sí, hubo una extrema necesidad de observar el debido proceso para una persona que fue solicitada en extradición. En México no hay ciudadanos de primera o de segunda, todos tienen los mismos derechos”.
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Avilés Huerta sostuvo que el mensaje que recibe la sociedad es profundamente delicado: que el Estado mexicano puede aplicar distintos estándares de legalidad dependiendo del peso político de cada caso, lo que erosiona la confianza en las instituciones y debilita el Estado de Derecho.