En la Cámara de Diputados reunida en periodo extraordinario salió adelante la aprobación de la reforma constitucional que pospone la elección judicial de 2027 a 2028, pero con el gran vuelco del “regalazo” a los actuales magistrados electorales que podrán buscar la reelección en los comicios referidos.
En los primeros minutos de la madrugada de este jueves, tras 14 horas de debate, muchas de ellas infructuosas pero al cierre, intensas, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con algunas excepciones, avalaron el ordenamiento.
Con 322 votos a favor se logró la mayoría calificada
La oposición y algunos integrantes del bloque mayoritario, emitieron 132 votos en contra y 22 abstenciones.
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El proyecto será enviado al Senado de la República, para continuar con el proceso parlamentario.
En cuanto salió la reforma de la reforma judicial, inició la discusión de la reforma constitucional para implementar la nulidad de elecciones por intervención extranjera.
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Regalo a magistrados electorales
Cerca del final del debate, desde la bancada morenista surgió una propuesta que generó repudio de la oposición, pero también de algunos integrantes del bloque mayoritario.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, pidió que los magistrados electorales en funciones puedan participar en la elección del 2028, lo que les permitiría permanecer en el puesto hasta 17 años, según alertó la oposición.
Sin consenso, sin aviso previo y cambiando de botepronto una reserva por otra, Gutiérrez Luna propuso las modificaciones.
“Y con esta reforma se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía y en aquel momento no se contempló a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial”, justificó el promovente.
Rechazo enérgico a la reelección de magistrados electorales
El rechazo enérgico a esa propuesta provino de la oposición que acusó albazo y la introducción de la reelección en la Carta Magna, pero también desde la fracción de Morena y de algunos integrantes del Partido del Trabajo (PT).
“Que restaura la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años (…) que duren 17 años, ¡casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México! ¡Que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional!”, demandó visiblemente molesto el vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Pidió no trastocar la propuesta de la Presidenta de la República. Su exigencia fue rechazada por sus compañeros de fracción.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que el cambio empujado por el diputado Gutiérrez Luna fue un “albazo”.
También en repudio, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira hizo notar la incongruencia de los morenistas con el discurso de no reelección y advirtió que lo aprobado, puede dar paso en un futuro a la reelección presidencial.
“Ustedes van a votar para que haya reelección de magistrados, algunos de ellos van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función (…) ¡me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para Presidente de la República o para gobernadores!”, sentenció Moreira Valdez.
Cambios sobre “comisiones” en la Corte y revocación de mandato
Los otros dos cambios al dictamen los introdujeron el PT y Morena.
Se avaló la petición de los petistas de no juntar nunca la consulta de revocación de mandato con elecciones intermedias o presidenciales.
“Va a quedar que sea el primero de junio del cuarto año del periodo constitucional, en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o con la elección constitucional de la Presidencia de la República”, ilustró el coordinador petista Reginaldo Sandoval.
También se perfiló la creación de dos “secciones” en la Suprema Corte en sustitución de las salas que fueron eliminadas en la reforma judicial, ello, para desahogar los rezagos en el Alto Tribunal.
Los cambios aprobados ya en la madrugada de este jueves 28 de mayo, serán turnados al Senado de la República para continuar con el apresurado proceso parlamentario, unos días antes de que venza el plazo para la aprobación de normas electorales, para que entren en vigor en 2027.
También en el transcurso de la madrugada, se programó la discusión de la otra reforma constitucional propuesta como parte del orden del día del periodo extraordinario, para integrar a la Carta Magna una nueva causal de nulidad en elecciones por intervención extranjera.
De igual modo, se programó la aprobación de las reformas secundarias para respaldar esa moción y los cambios a más normas electorales para crear una Comisión de Verificación de la Integridad de las Candidaturas.
Debate en lo particular
Horas antes, al inicio de la discusión particular sobre la reforma que pasa al 2028 la elección judicial, pero permitirá que esos comicios se junten con la revocación de mandato, las posturas polarizadas y las reiteradas referencias a los casos Sinaloa y Chihuahua, permearon prácticamente toda la jornada.
A lo largo de las horas se presentaron decenas y decenas de posicionamientos desde la Tribuna, así como propuestas de modificación que se rechazaron una tras otra, como las de la morenista Olga Sánchez Cordero que pedía mejorar la elección judicial, promover una mejor evaluación, elegir candidatos más preparados y garantizar el respeto a los derechos laborales de los juzgadores que dejarán el puesto en el periodo de transición que implica la reforma judicial.
En ese marco, los congresistas del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvieron a advertir sobre las “trampas” de la reforma a discusión.
La diputada federal del PAN, Verónica Pérez advirtió que pasar la elección judicial al 2028 tiene segundas intenciones y concretar el propósito de la reforma judicial de 2024, que fue poner a modo del Gobierno Federal y el partido guinda, al Poder Judicial.
La congresista subrayó que el alto nivel de abstencionismo, superior al 70 por ciento, en los primeros comicios judiciales, mostró que la ciudadanía no fue la que demandó implementar ese modo de elegir juzgadores.
“El pueblo les dio la espalda porque se dieron cuenta de que no querían mejorar la justica, sólo querían morenizarla y como el agua les llegó al cuello, hoy nos traen un parche que esconde un gato encerrado: es controlar por completo quién aparece en la boleta para que sólo sigan compitiendo sus amigos”, sentenció.
En ello coincidió la diputada federal del PRI, Paloma Domínguez, quien alertó sobre las consecuencias de mover a 2028 la elección judicial, para no empatarla con las elecciones ordinarias, pero sí con la consulta de revocación de mandato.
“Este dictamen trae un grave madruguete, de nueva cuenta quieren empatar la revocación de mandato con otros procesos electorales, si la revocación se empata con elecciones ordinarias y además convive en el mismo ecosistema político de una elección judicial, la ciudadanía ya no discutirá perfiles judiciales, votará arrastrada por una campaña nacional, por filias partidistas”, anotó.
La diputada de MC, Laura Ballesteros criticó que el Gobierno Federal busca acomodar la fecha de la elección judicial no para evitar que se politice, sino para proteger a políticos morenistas que tienen acusaciones por estar ligados al crimen organizado.
“Mientras aquí se envuelven ellos en la bandera de la justicia, allá afuera hay un gobernador de Morena, Rubén Rocha, que anda libre y protegido por ustedes. Un senador de la República, Enrique Inzunza que anda en las mismas, atrincherado en Sinaloa y que lo tienen protegido además en la Comisión Permanente donde no se ha presentado, ¿de qué reforma de justicia están hablando?”, recriminó
Desde la oposición también se calificó como un “Frankenstein”, la serie de reformas por aprobar en el periodo extraordinario.