El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 451/2025, determinando de manera favorable el interés legítimo de diversas comunidades indígenas del estado de Yucatán para proceder legalmente en contra de las regulaciones vigentes sobre la industria porcícola en la región.
¿Por qué las comunidades mayas impugnaron la norma ambiental de Yucatán?
Los integrantes de los pueblos originarios de Sitilpech, Kinchil y Chapab promovieron el juicio de amparo con el objetivo de reclamar la invalidez de la Norma Técnica Ambiental local. Dicha reglamentación es la encargada de normar los criterios de localización, diseño, construcción, mantenimiento, operación y eventual abandono de las granjas de cerdos en el territorio yucateco.
La queja principal de los habitantes radica en la falta de realización de una consulta indígena previa a la emisión de la normativa, un derecho constitucional obligatorio cuando se ejecutan medidas susceptibles de afectarles directamente. Las comunidades argumentaron que el crecimiento desmedido de las denominadas mega granjas genera alteraciones negativas en el entorno ecológico y en los recursos naturales de los territorios donde habitan.
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¿Cuál fue la postura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa?
La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de otorgar la protección judicial a los quejosos, señalando que la afectación diferenciada que sufren estas poblaciones es evidente desde la lectura del propio texto de la norma combatida.
Puntos clave del argumento de la SCJN:
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- Impacto diferenciado: La aplicación de la norma incide de forma directa y particular en el día a día de las comunidades al autorizar la apertura de nuevos centros de producción porcícola o regular el funcionamiento y desmantelamiento de los actuales.
- Rechazo documentado: La ministra precisó que existen múltiples artículos y documentos que analizan los impactos derivados del incremento de esta actividad industrial en los últimos años, donde se constata el rechazo sistemático de los pueblos indígenas a la instalación de estos centros en sus regiones originarias.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país establece un precedente en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo que tienen la facultad jurídica de combatir disposiciones legales que regulen actividades productivas de alto impacto ambiental dentro de sus entornos geográficos.