El pleno legislativo de la Ciudad de México ratificó este jueves una modificación sustancial a los estatutos que rigen el sistema de enseñanza, estableciendo pautas estrictas para el manejo de equipos telefónicos personales dentro de las instituciones.
Esta resolución, proyectada para erradicar las interferencias digitales en el proceso de aprendizaje, entrará en vigencia una vez que el despacho de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordene su publicación oficial en el diario normativo capitalino.
La votación unánime que cimbra el sistema educativo
La propuesta parlamentaria superó el filtro legislativo con una contundencia poco frecuente: 47 sufragios a favor, sin votos negativos ni abstenciones. Este respaldo masivo subraya un consenso político sobre la necesidad de reordenar el ecosistema de las aulas.
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El objetivo subyacente es consolidar espacios de instrucción que prioricen la interacción personal y la continuidad del hilo reflexivo frente a la inmediatez de los contenidos virtuales.
Evidencia científica: El alto costo de la desconexión
Durante la sesión, la legisladora del PAN, Laura Álvarez Soto artífice principal de esta iniciativa, fundamentó la urgencia de la medida citando métricas proporcionadas por la Unesco que revelan una realidad inquietante sobre el desgaste cognitivo juvenil:
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- El 75% del magisterio: Confirma que el ejercicio docente se ve perturbado constantemente debido a que la atención de los estudiantes se dispersa hacia sus equipos móviles durante el horario de clase.
- El fenómeno de la reconexión: Los expertos señalan que, tras una interrupción derivada de una alerta o mensaje, el cerebro del alumno requiere un intervalo de hasta 20 minutos para reincorporarse plenamente al flujo de asimilación de conocimientos.
Los centros educativos de la metrópoli deberán integrar estos lineamientos a su reglamento interno, adaptando la gestión de dispositivos para que el uso de la tecnología sea una herramienta controlada y no una barrera para el desarrollo de los saberes académicos.
A pesar de lo expuesto la iniciativa fue modificada con reformas más ligeras para solicitar a la Secretaría de Educación Pública impulse estrategias para que los estudiantes “no solo consuman información, sino que aprendan a analizar, evaluar y utilizar de manera reflexiva y segura”.
Las modificaciones también establecieron un “principio de corresponsabilidad” para que los padres de familia “fomenten desde el hogar hábitos saludables en el uso de la tecnología”.
Por el oficialismo, el perredista Pablo Trejo Pérez consideró que no tiene caso discutir la prohibición sino cómo garantizar un uso responsable, equilibrado y orientado al aprendizaje, señaló.