La Fiscalía General de la República reveló que el Cártel de Sinaloa presuntamente penetró la estructura municipal del estado de Morelos, a través del financiamiento de campañas de candidatos.
Ante ello, ejecutó un operativo en Morelos que derivó en la detención de alcaldes, ex funcionarios y actores políticos por su presunta relación con el crimen organizado. Las investigaciones apuntan a que grupos delictivos infiltraron al menos ocho municipios mediante el financiamiento de campañas electorales.
¿Quiénes fueron detenidos en el operativo de la FGR?
Como parte de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas seis personas, entre ellas:
- Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan
- Irving “N”, ex alcalde de Yecapixtla
- Arisbel “N”, Pablo “N”, Horacio “N”
- Jonathan “N”, actores políticos y sociales
Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
¿Dónde operaba la red delictiva en Morelos?
Las investigaciones federales identificaron la presencia del crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos, entre ellos:
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Yecapixtla
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Cuautla
- Atlatlahucan
¿Qué delitos se investigan?
Las personas detenidas en el operativo encabezado por la Fiscalía son investigadas por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, específicamente con la finalidad de cometer delitos contra la salud, de acuerdo con las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Según las indagatorias, estas conductas estarían vinculadas con actividades relacionadas al narcotráfico, así como con la presunta colaboración entre autoridades municipales y grupos criminales para facilitar sus operaciones en la región.
Las órdenes judiciales fueron emitidas por un juez de distrito con sede en Hermosillo, Sonora, tras la integración de datos de prueba que apuntan a la posible participación de los implicados en una estructura delictiva con presencia en diversos municipios de Morelos.
La FGR subrayó que las investigaciones continúan en curso para determinar el grado de responsabilidad de cada persona involucrada, así como para identificar posibles redes adicionales de complicidad dentro de las instituciones locales.