El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se declaró no culpable este 15 de mayo de 2026 durante su audiencia inicial ante una corte federal en Nueva York.
El exfuncionario compareció ante la jueza Sarah Netburn, días después de haberse entregado a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.
¿De qué acusa Estados Unidos a Gerardo Mérida?
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez habría colaborado con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba su cargo en el gobierno estatal.
Te podría interesar
Principales cargos
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer dispositivos destructivos
Las autoridades estadounidenses sostienen que el exfuncionario habría recibido sobornos de la facción conocida como Los Chapitos a cambio de no interferir en sus operaciones e incluso proporcionar información sobre operativos.
Te podría interesar
¿Cómo fue su detención y traslado a Estados Unidos?
El Gabinete de Seguridad de México informó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, cruzando por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del U.S. Marshals Service.
Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido.
¿Qué relación tiene con el caso Rocha Moya?
Mérida Sánchez formó parte del gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya, donde se desempeñó como secretario de Seguridad entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
El exfuncionario es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses el pasado 29 de abril por presuntos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué pena podría enfrentar?
Según la legislación de Estados Unidos, los delitos que se le imputan podrían derivar en:
Cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Esto dependerá del avance del proceso judicial y de la comprobación de los cargos.
El caso se desarrolla en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses para dar seguimiento al proceso.
La declaración de no culpabilidad marca el inicio formal del juicio, en el que la fiscalía deberá sustentar las acusaciones contra el exfuncionario mexicano.