El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, se encuentra en el centro de la polémica tras filtrarse imágenes de una lujosa celebración de XV años presuntamente realizada para su hija en la exclusiva Hacienda Atlamaxac.
El evento, difundido en redes sociales durante los últimos días, ha desatado indignación entre los ciudadanos debido al contraste entre el despliegue de riqueza y las carencias de infraestructura que persisten en diversas comunidades del municipio poblano.
¿Cómo fue la exclusiva fiesta en Chignahuapan?
La celebración tuvo lugar en un inmueble propiedad del político Lorenzo Rivera, sitio catalogado como uno de los más suntuosos de la región. De acuerdo con los reportes y videos compartidos por usuarios, la recepción incluyó:
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- Salones de gala: Decoración de alto nivel y mobiliario de lujo.
- Entretenimiento: Música en vivo y una logística de gran escala para recibir a decenas de invitados.
- Ubicación estratégica: El festejo ocurrió en una zona donde recientemente el ayuntamiento ejecutó obras públicas, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Hasta el momento, el edil emanado de las filas de Morena no ha emitido una declaración oficial para aclarar los costos de la fiesta o el financiamiento de la misma, manteniendo un hermetismo que ha incrementado el escrutinio sobre su administración.
Administración de Chignahuapan bajo vigilancia constante
La principal crítica de la opinión pública radica en la aparente contradicción entre la vida privada del alcalde y la narrativa de la Cuarta Transformación.
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Rivera Trejo, quien cuenta con una trayectoria empresarial bajo la firma Juan Rivera Corporativo y formación académica de nivel doctorado, llegó al poder con más de 13 mil votos. Sin embargo, este respaldo electoral se ha visto presionado por señalamientos que exigen transparencia en el manejo del erario municipal frente a estos gastos personales.
La reciente fiesta en la Hacienda Atlamaxac, mantiene a la administración de Chignahuapan bajo una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y los órganos de fiscalización.