La suntuosa celebración de los XV años de "Mafer" en Villahermosa, Tabasco, ha escalado de las redes sociales a las oficinas de la administración pública federal. Tras la viralización de un evento que incluyó a estrellas internacionales y una logística de primer nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el inicio de una investigación formal contra la organizadora y madre de la festejada, Virginia Guillén.
Pemex confirma denuncia ante la Secretaría Anticorrupción
Durante la conferencia matutina de este 8 de abril, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la paraestatal presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. El objetivo es esclarecer el origen de los recursos que financiaron la fiesta, cuyo costo estimado ronda los 40 millones de pesos.
Guillén, quien se desempeña como trabajadora sindicalizada en Pemex Exploración y Producción (PEP) desde hace 30 años, percibe un sueldo mensual neto de aproximadamente 38 mil pesos. Esta marcada disparidad entre sus ingresos oficiales y el despliegue de lujo en el evento, que contó con la actuación de J Balvin, Belinda y Matute, activó las alarmas del Órgano Interno de Control.
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Sheinbaum: "No se tolerará la corrupción"
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las acciones de la petrolera, enfatizando que su gestión mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. La mandataria señaló que, si bien se debe respetar el debido proceso, es imperativo investigar cualquier indicio de uso indebido de recursos públicos o enriquecimiento ilícito.
“Tiene que hacerse la investigación y las instancias correspondientes decidirán si la trabajadora será separada de su cargo”, adelantó la administración federal.
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Bajo la lupa: Patrimonio y contratistas
La investigación no solo se centra en la empleada de Pemex, sino también en su entorno familiar. Reportes señalan que su esposo, Juan Carlos Guerrero, posee vínculos con empresas del sector energético y permisos para estaciones de servicio. Las autoridades buscan determinar si existe un conflicto de interés o una red de beneficios irregulares derivada de contratos con la paraestatal.
Por ahora, la funcionaria no ha emitido una postura oficial, mientras el caso se consolida como un emblema de la vigilancia sobre la transparencia en el actual ciclo fiscal 2026.