Este jueves 30 de abril, la postura de Sheinbaum en caso Rocha Moya se presentó durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, tras la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense.
¿Qué determinó el Gobierno Federal ante la solicitud de extradición?
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el pasado 28 de abril por la noche un total de 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para ciudadanos mexicanos. Al mediodía del miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos, lo que motivó un extrañamiento del jurídico de la Cancillería, ya que estos procesos deben ser confidenciales según los tratados internacionales vigentes.
De acuerdo con el marco normativo, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación. La dependencia, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizará si existen los elementos probatorios necesarios para establecer la viabilidad de la solicitud. De manera paralela, la institución encabezada por Ernestina Godoy iniciará una investigación propia para determinar si la acusación cuenta con el fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión ante jueces mexicanos.
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Soberanía nacional y la sospecha de fines políticos
En cuanto a la postura de Sheinbaum en caso Rocha Moya, la titular del Ejecutivo enfatizó que México establece una relación de iguales con todas las naciones y nunca de subordinación. La mandataria aclaró que si la FGR encuentra pruebas contundentes de un delito, se procederá conforme a derecho bajo la jurisdicción nacional. "Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito", sentenció la presidenta durante su conferencia matutina.
Sin embargo, Sheinbaum lanzó una advertencia diplomática: si no existen pruebas claras e irrefutables, resulta evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia tiene un trasfondo político. Como parte de la postura de Sheinbaum en caso Rocha Moya, la presidenta fue enfática al señalar que bajo ningún motivo se permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México.
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Los implicados y el proceso legal en México
El expediente judicial estadounidense señala a 10 ciudadanos mexicanos, entre los que destacan el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. También se incluyeron perfiles como Dámaso Castro Zaavedra y Juan Valenzuela Millán. Ante esto, la FGR recordó que para proceder penalmente contra un gobernador o legislador se requiere primero un juicio de procedencia o desafuero para retirar la inmunidad procesal.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa se pronunció a través de redes sociales, donde rechazó categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en su contra por parte de las autoridades norteamericanas. El análisis legal continuará en las próximas semanas, priorizando el Estado de derecho y las garantías individuales, mientras se consolida la postura de Sheinbaum en caso Rocha Moya.