La cobertura deportiva en Sudáfrica se ha transformado en una pesadilla diplomática para los comunicadores mexicanos Julio Ibáñez y Dani García. Tras ser arrestados por el uso de un dron en Johannesburgo, los integrantes del equipo de Televisa enfrentan acusaciones de terrorismo, lo que ha provocado una enérgica reacción del gremio periodístico, encabezado por David Faitelson.
¿Terrorismo o descuido? El video con dron que mantiene arrestado a Julio Ibáñez
Lo que inicialmente fue planeado como una pieza visual de "color" terminó bajo la lupa de los protocolos antiterroristas sudafricanos. El sobrevuelo de un dron cerca de una escuela de la comunidad judía detonó una alerta inmediata. Aunque los implicados argumentan un fin estrictamente profesional, las autoridades locales han escalado el caso a niveles críticos, sugiriendo incluso presuntos vínculos con el crimen organizado.
Tras pasar cinco días en una prisión local, Ibáñez y García han obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero su libertad definitiva permanece bloqueada por la retención de sus documentos y un proceso judicial que no muestra avances claros.
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A través de sus redes sociales, David Faitelson calificó la situación como un "despropósito" absoluto. El periodista subrayó la trayectoria de sus colegas —Ibáñez como referente en la cobertura del Club América y García como realizador internacional— para desmentir las hipótesis de las autoridades sudafricanas que intentan ligarlos con el Cártel de Sinaloa.
Faitelson ha sido enfático en que este conflicto ya superó las capacidades de la asistencia consular básica. Por ello, ha solicitado formalmente la intervención directa de la Presidenta de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para acreditar la identidad laboral de los detenidos y garantizar su repatriación.
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Gremio exige a SRE postura firme ante acusaciones
La comunidad periodística en México observa con preocupación lo que consideran una respuesta tibia por parte de la cancillería. La exigencia es clara: el Gobierno de México debe emitir una postura oficial que desmonte las acusaciones de terrorismo, validando que la presencia de los comunicadores en territorio africano responde únicamente a labores de producción para una de las cadenas de medios más importantes del continente.