El diputado federal y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, fue denunciado este 21 de abril de 2026 por su esposa, María Irene Dipp, por los presuntos delitos de violencia psicológica y amenazas.
A través de un testimonio en video, la denunciante señaló que el legislador ha utilizado su posición de poder para intimidarla con la posible pérdida de la custodia de sus hijos, lo que motivó la exposición pública del caso para salvaguardar su integridad.
María Irene Dipp rompe el silencio: "Temo por mi seguridad"
En un mensaje difundido en plataformas digitales, Dipp Walther detalló que la situación escaló tras su decisión de concluir la relación con el político mexiquense. Según el relato de la víctima, el entorno familiar se tornó hostil, caracterizado por agresiones emocionales y advertencias directas sobre represalias legales.
- Uso de influencias: La esposa del legislador afirma que Ávila ha presumido su red de contactos para asegurar que ella "no volvería a ver a sus hijos".
- Violencia emocional: El testimonio describe un patrón de manipulación y maltrato psicológico constante dentro del matrimonio.
- Seguridad personal: Dipp hizo responsable al exmandatario de cualquier incidente que pudiera afectarla a ella o a su familia cercana a partir de esta denuncia.
¿Qué ha respondido el diputado Eruviel Ávila?
Hasta el momento, Eruviel Ávila, quien gobernó el Estado de México entre 2011 y 2017 y que actualmente forma parte de la bancada del Partido Verde (PVEM) no ha emitido una postura oficial ni ha utilizado sus canales digitales para responder a los señalamientos de María Irene Dipp. El silencio del legislador ocurre mientras la noticia se posiciona en las principales tendencias nacionales, generando cuestionamientos sobre el impacto de estas acusaciones en su carrera política y legislativa.
Este caso se suma a la creciente lista de denuncias por violencia de género contra figuras públicas de alto nivel, poniendo el foco en la eficacia de las medidas de protección y la imparcialidad de las instituciones cuando el denunciado ostenta un cargo de representación popular.