A más de un mes que se registró un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, del cual han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo, el Grupo interdisciplinario del Gobierno Federal, informó que hay evidencia de que hubo un derrame cerca de la plataforma Abkatun Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado.
Víctor Rodríguez Director General de Pemex, reconoció que no fue informado de esta situación por lo que han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. Se informó que funcionarios de Pemex han sido despedidos.
Esta medida ocurre simultáneamente a la confirmación de que la infraestructura de la paraestatal es la fuente oficial de la contaminación.
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Profundizan indagatorias por omisión de alertas
El Grupo Interinstitucional y la Secretaría de Marina mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar si existió una demora deliberada en la notificación del incidente, el cual impactó gravemente los estados de Veracruz y Tabasco.
La separación de los directivos busca garantizar la transparencia en los peritajes que se realizan sobre la línea de conducción de la plataforma AKAL-C.
Dentro de los avances de la investigación y las labores de campo destacan:
- Evalúan responsabilidad administrativa: Los funcionarios suspendidos pertenecían a las áreas de logística y mantenimiento de ductos en la región suroeste.
- Continúan operativos de limpieza: Brigadas de la Marina han logrado extraer 915 toneladas de crudo y arena contaminada a lo largo del litoral.
- Analizan impacto en ecosistemas: El Poder Judicial y la Profepa vigilan de cerca la remediación en el Corredor Arrecifal, donde el vertido puso en riesgo santuarios de fauna protegida.
Refuerzan protocolos de seguridad industrial
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la formación del comité científico busca no solo castigar a los responsables, sino rediseñar los esquemas de seguridad en complejos críticos como Dos Bocas y la refinería Olmeca.
Las autoridades señalaron que el derrame, que se extendió por más de 900 kilómetros, no será cerrado administrativamente hasta que se garantice el pago de daños a las comunidades pesqueras afectadas.
Ante las denuncias de organizaciones como Greenpeace sobre una posible "falsedad oficial" en el manejo de fechas, el Gobierno Federal aseguró que las sanciones administrativas actuales son solo el inicio de un proceso de rendición de cuentas que podría alcanzar instancias penales.