El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la validez del artículo 480 del Código Penal para el Estado de Puebla, al considerar que vulnera el principio de legalidad debido a su redacción ambigua e indeterminada.
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de declarar la invalidez de dicha disposición, al señalar que en materia penal las normas deben ser claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias.
Ambigüedad en conceptos clave del tipo penal
Esquivel Mossa explicó que los verbos que describen la conducta sancionada en el artículo —como “vigilar”, “hostigar”, “intimidar” u “ofender”— presentan ambigüedad, lo que podría generar incertidumbre sobre qué acciones constituyen un delito.
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Advirtió que, por ejemplo, el término “vigilar” podría interpretarse de manera tan amplia que incluso la simple búsqueda de información sobre una persona podría encuadrarse como conducta sancionable, lo que implicaría un riesgo para la seguridad jurídica.
No se limita el combate a delitos digitales
La ministra también precisó que la invalidez del artículo no impide perseguir conductas relacionadas con el ciberacoso u otros delitos digitales, ya que el propio Código Penal de Puebla contempla diversas figuras delictivas vinculadas al uso de tecnologías de la información.
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Entre estos delitos se encuentran aquellos que atentan contra la intimidad sexual, la usurpación de identidad, la falsificación de documentos digitales, el chantaje a menores con fines sexuales y el espionaje digital.
Principio de legalidad, clave en materia penal
En su intervención, Esquivel Mossa enfatizó que no basta con que una norma penal sea comprensible en términos generales, sino que debe permitir a las personas prever con certeza qué conductas específicas pueden derivar en una sanción.
Este criterio, subrayó, es fundamental para garantizar el respeto al principio de legalidad y evitar posibles abusos en la aplicación de la ley.
Con esta resolución, la SCJN refuerza la exigencia de que las normas penales cuenten con una redacción clara, precisa y delimitada, a fin de brindar certeza jurídica tanto a autoridades como a la ciudadanía.