A propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las indemnizaciones de carácter civil por causas de muerte deben ser pagadas con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no en el salario mínimo, criterio que beneficiará a las instituciones gubernamentales y a las empresas aseguradoras.
Durante la sesión de este martes, Batres Guadarrama argumentó que resolver en un sentido distinto implicaría un riesgo directo para el patrimonio de las instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales tendrían que pagar un mayor monto.
“Por poner un ejemplo, el IMSS reportó que sí durante 2025 hubiera tenido que pagar indemnizaciones de carácter civil tomando como base el salario mínimo, se habría tenido que incrementar las cantidades pagadas en 146 por ciento, pasando de 75 millones 910 mil pesos a 187 millones 57 mil 702 pesos”.
En tanto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó la propuesta de Lenia Batres al señalar que no se puede volver al pasado donde el salario mínimo se había estancado y perdido su poder adquisitivo.
“Si ahora lo volvemos a indexar, pues lo que va a ocurrir es que lo que pasó en los años anteriores, lo que ocurrió en el pasado, otra vez se va a tener que estacionar para evitar que haya inflación y otra vez el trabajador en activo, pues vamos a tener estos escenarios que ya vivimos en el pasado. Entonces yo creo que la razón principal que llevó al constituyente desidenxar es esta, la de darle al salario su verdadera razón, hacer que cumpla el fin constitucional establecido en el artículo 123, apartado a, está en la fracción sexta”.
Obligada por la mayoría, la ministra Loretta Ortiz votó a favor del proyecto, aunque hizo la siguiente advertencia.
“Lo único que pediría es reflexionar sobre las indemnizaciones, son indemnizaciones por causa de muerte, indemnizaciones por distintas causas que, podríamos decir que serían regresivos en materia de derechos humanos”.
Durante el debate, unos ministros destacaron que se deberá revisar caso por caso, mientras que otros señalaron que los Congresos locales deben legislar para evitar que se pague menos a las familias.