En los últimos 6 años en México se han impulsado diversas iniciativas de ley con el objetivo de avanzar en una mejor impartición de justicia con perspectiva de género.
Ley Sabina, Ley Malena, Ley Olimpia, Ley Alina y Ley Monse, impulsadas desde la sociedad civil, desde los colectivos feministas, surgieron de casos reales, de la violencia física, digital, emocional, del acoso y de la nula perspectiva de género en todo el proceso judicial de sus casos, desde ministerios públicos hasta jueces.
¿Qué ha sido de estas iniciativas que se han convertido en leyes?
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Ley Olimpia
En 2014 Olimpia Coral Melo, una joven de Huachinango, Puebla descubrió que circulaba en redes un video sexual que ella grabó con su pareja. No fue sino hasta 2019, luego de sufrir acoso digital –delito que en 2024 experimentaron 10.6 millones de mujeres (INEGI 2025)—, que fundó el Frente Nacional para la Sororidad e inició el camino jurídico para que la ley reconozca y castigue la violencia digital contra las mujeres.
El camino legislativo de la Ley Olimpia, no ha sido de todo expedito, afortunadamente los códigos penales de las 32 entidades federativas ya fueron modificados para castigar la difusión de material sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.
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A nivel federal, fue en 2021 cuando la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.
La lucha de Olimpia Coral, es un parteaguas en la manera de cómo se debe tratar la violencia digital en México y ahora los esfuerzos se concentran en legislar el uso de inteligencia artificial.
Ley Malena
La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, en 2019 fue atacada con ácido en un intento de feminicidio. Su caso sirvió como base para impulsar cambios a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal para que este tipo de ataques con cualquier sustancia química, corrosivas o inflamable, sea tipificado como un delito tentativa de feminicidio y tenga mayores penas.
Hasta el 2026, 17 estados: Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México, Campeche, Guerrero, Colima, Nayarit, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Chiapas, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, es decir, casi la mitad del país han modificado sus leyes e incluido la violencia ácida en sus legislaciones.
En el caso del Congreso de la Unión, sigue pendiente incluir la violencia ácida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
Ley Alina
Todo comenzó como una nota policiaca más. Era 2019, Luis Rodrigo, un policía de Tijuana alcoholizado y drogado golpeó y asfixió a su pareja, la también policía Alina Mariel Narziso Tehuaxtle. Ella en defensa propia, tomó la pistola y le disparó. Luis Rodrigo murió y ella fue sentenciada por su homicidio, sin que el juez aplicara perspectiva de género. Tres años más tarde, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California concluyó que Alina había actuado en legítima defensa, salió libre.
La Ley Alina, que busca obligar a Fiscalías y jueces a actuar con perspectiva de género y a estandarizar el concepto de legítima defensa, tiene un camino legislativo relativamente corto. A nivel local ha sido aprobada en Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur.
A nivel federal existen varias iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar el Código Penal, sin embargo, el debate continúa en torno a los conceptos de "miedo insuperable" y "presunción de legítima defensa".
Ley Monse
Montserrat Bendimes Roldán fue asesinada a golpes, en 2021 por su novio Marlon Botas quien logró darse da la fuga con complicidades y ayuda de su círculo familiar. Jorge y Diana, padres de Marlon solo pudieron ser procesados por un delito menor: omisión de auxilio.
A partir de este caso y de la indignación de la sociedad, colectivas feministas han impulsado la Ley Monse, que en Veracruz logró modificaciones al Código Penal para eliminar la red de protección de violentadores y sancionar el encubrimiento, lo que legalmente se conoce como “excusas absolutorias”.
Hasta ahora siete estados: Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Baja California Sur, han modificado sus Códigos Penales para eliminar las “excusas absolutorias”. A nivel federal el congreso incluyó algunas modificaciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se trabaja en su armonización nacional.
Ley Sabina
Diana Luz Vázquez Ruíz, peleó en juzgados por cuatro años la pensión alimenticia de Sabina, su hija. Perdió todas las instancias. Su experiencia y lucha derivó en el movimiento “Mamás Autónomas” y posteriormente en la creación de la iniciativa Ley Sabina, que busca combatir la violencia económica que sufren las mujeres.
La Ley Sabina, tuvo su mayor victoria en 2023, cuando el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas que derivaron en la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, un mecanismo que hace público a las personas que no cubran su responsabilidad económica con sus hijos, además de que dependencias de los tres ordenes de gobierno deberán solicitar un certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites, e incluso para ocupar cargos de elección popular.
A raíz de su aprobación federal, estados como Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Baja California, Estado de México, Morelos, Yucatán, Michoacán y Quintana Roo han armonizado sus legislaciones en esta materia.
En los últimos 7 años los avances legislativos para garantizar una vida libre de violencia a las niñas, jóvenes y mujeres mexicanas ha sido gracias al trabajo, impulso y presión de las colectivas feministas y de organismos de la sociedad civil.
Los retos para lograr un país con equidad y respeto, aún son muchos. En el mundo laboral solo el 48.5 por ciento de mujeres de 15 a 74 años de edad tiene participación, lo que representa una cifra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es del 63.1 por ciento. Y no hablemos de las diferencias salariales, la brecha salarial para la mujer en México, es del 11.4 por ciento, entre el salario mediano que reciben los hombres.