La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 423/2025 relacionado con la expedición de actas de nacimiento y defunción para integrantes de la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, Chihuahua, y ordenó a las autoridades implementar acciones que garanticen su derecho a la identidad.
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó a favor del proyecto y subrayó que el derecho a la identidad no debe entenderse como una simple formalidad administrativa, sino como un derecho humano fundamental que permite ejercer otros derechos.
Corte ordena políticas públicas y campañas registrales
Con la resolución, el máximo tribunal del país concedió el amparo para que las autoridades responsables diseñen políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la identidad de la comunidad indígena.
Te podría interesar
Entre las medidas establecidas se contempla: La realización de campañas registrales para facilitar el acceso a documentos oficiales; que, en la expedición y remisión de actas del estado civil, sea suficiente la exhibición de los registros realizados por el gobernador de la comunidad.
Estas acciones buscan facilitar que integrantes de la comunidad puedan obtener documentos oficiales que acrediten su nacimiento o defunción.
Te podría interesar
“Reconocer derechos que siempre han pertenecido a los pueblos indígenas”
Durante su intervención, Esquivel Mossa destacó que el análisis de estos casos debe realizarse desde una perspectiva multicultural, lo que implica que las personas juzgadoras comprendan el contexto y las particularidades de las comunidades indígenas.
“Una adecuada perspectiva de multiculturalidad implica dejar claro que no venimos a declarar u otorgar derechos; nuestra labor es reconocer y garantizar aquellos que, por esencia, siempre han pertenecido a nuestros pueblos indígenas”, expresó.
Registro civil y certeza jurídica
La ministra también explicó que el registro de nacimiento garantiza la existencia jurídica de las personas, mientras que el registro de defunción brinda certeza y seguridad jurídica, no solo en el ámbito legal, sino también desde una perspectiva cultural y espiritual para las comunidades.
Según expuso, con esta determinación la Suprema Corte reconoce la validez de las autoridades tradicionales, así como las formas propias de organización y cosmovisión de estas comunidades, dentro de un marco de coordinación con las instituciones del Estado.
Finalmente, Esquivel Mossa señaló que decisiones como esta permiten avanzar hacia un modelo de justicia constitucional que reconozca la diversidad cultural del país, donde los pueblos indígenas participen como sujetos plenos de derechos y no únicamente como beneficiarios de políticas públicas.