En la Cámara de Diputados arrancó la serie de entrevistas a 81 aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que pasaron la primera parte de la evaluación.
Entre los primeros contendientes en ser cuestionados por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, fue el extitular de la auditoría especial de cumplimiento financiero del organismo fiscalizador, Gerardo Lozano.
Que las auditorías tengan consecuencias
El compareciente se pronunció a favor de que el trabajo de la ASF tenga consecuencias administrativas y penales, si se detectan irregularidades en el gasto.
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Lamentó que con el actual auditor, David Colmenares, que también compite en el proceso en el intento de reelegirse, la Auditoría se haya alejado de la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.
“El actual auditor superior legó en mayo de 2018, durante ocho años se abandonó el Sistema Nacional Anticorrupción porque no hubo una coordinación de la Auditoría Superior de la Federación, coordinación que en mi opinión es muy importante. Qué está sucediendo, hoy estamos en presencia de una fiscalización sin consecuencias y cuando digo una fiscalización sin consecuencias, es una fiscalización que hace más auditorías pero presenta menos denuncias”.
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Habló de la “narrativa” implementada por Colmenares Páramo en la ASF, de dar prioridad a la “prevención” sobre la sanción ante las anomalías en el gasto, cuando esas actividades son complementarias y debería tener mayor peso sancionar.
Recordó que entre las cuentas públicas 2021 y 2023, ambas del gobierno del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, se emitieron 5 mil pliegos de observaciones por el uso no aclarado de 89 mil millones de pesos, pero sólo se presentaron tres denuncias ante la autoridad.
A la ASF lo que le sucedió, dijo, es que quedó “atrapada” en decisiones unilaterales como la eliminación de la facultad de las áreas de auditoría especia para presentar denuncias ante los hallazgos en la fiscalización, y la desaparición del Consejo Directivo que hacía funciones de contrapeso frente a las determinaciones del auditor superior.
Los cambios al reglamento interno de la institución, impulsados por el auditor sin contar con opinión o contrapeso, dijo, deberían estar sujetos al aval de un órgano colegiado conformado por personal de la propia Auditoría.
Lozano Dubernard añadió que su aportación en los tres años en que trabajó en la ASF, fue provocar que la fiscalización tenga consecuencias e impedir que la impunidad, por la falta de sanciones a las anomalías, genere actos de corrupción.
Fue por ello que, en el ejercicio de sus labores en la ASF entre 2018 y 2021, a la cual renunció cuando el auditor Colmenares cambio el reglamento interno y eliminó la capacidad de las áreas de auditoría especial de presentar denuncias, promovió que la fiscalización tuviera “valor público”, es decir, que deriven en sanciones a los responsables del uso irregular del recurso público.
Indicó que al buscar la titularidad de la ASF, busca implementar contrapesos que no afecten la autonomía técnica y de gestión en la institución, que se reviva el Consejo interno para la toma de decisiones colegiadas.
Que se restablezca la Unidad de Auditoría Interna en la Auditoría, para evaluar al personal, y que el organismo sea más transparente, dando a conocer a la población el seguimiento en la atención a las auditorías.
Que la ASF presente las denuncias administrativas y penales que deriven del trabajo de fiscalización, refrendó.
En las entrevistas también participaron los aspirantes que ya han formado parte del organismo fiscalizador, como la exauditora especial Muna Dora Buchain, y el exauditor especial Agustín Caso Raphael.
Muna Dora Buchahin
En su presentación, la exauditora Muna Dora Buchahin, se pronunció por cambios integrales y estratégicos en la institución, a favor de un modelo nacional de fiscalización a municipios, un replanteamiento integral del trabajo en la Auditoría, especializar al personal, hacer que las auditorías incidan en las irregularidades en el gasto, aunque eso pase por hacer menos auditorías pero que sean más efectivas.
Señaló la necesidad de crear una plataforma nacional de auditoría pública, un área de inteligencia financiera en la ASF y reducir la discrecionalidad en la selección de auditorías.
Cuestionada por el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabríel García, sobre las acusaciones de desvíos de recursos públicos cuando estuvo en la ASF y sus señalamientos hacia la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos, la participante respondió.
Se le preguntó que conducta deben tener los aspirantes a la ASF en redes sociales y categórica, defendió la libertad de utilizarlas a “libre antojo” pero con el respeto debido.
Puntualizó que sus dichos sobre la omisión de la fiscal Mijangos tienen sustento y los refrenda, porque descartó todas las denuncias que ella presentó después de haber estado en la ASF, por anomalías en casos como el de Odebrecht.
La fiscal y excontendiente por la titularidad de la ASF recibió denuncias, dijo que no eran procedentes y “no hizo nada”, enfatizó.
Sobre las imputaciones en redes sociales y a través de anuncios espectaculares en su contra, afirmó tajante que ha vivido ocho años perseguida por quienes buscan desacreditarla.
Dijo que el responsable de ello es “Lozano”, es decir el también exauditor Gerado Lozano.
Replicó que si hubiese incurrido en alguna de las irregularidades que le achacan, como conflicto de interés y desvío del erario, en el transcurso de los últimos ocho años “ya la hubieran agarrado”.
Agustín Caso Raphael
El exauditor de desempeño de la ASF, que con su trabajo reveló que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ordenada por el expresidente López Obrador costaría más de 300 mil millones de pesos, también compareció.
Se manifestó a favor de que la ASF vuelva a realizar auditorías de ese tipo, a través de las que se confirma si se cumplió con el adecuado uso del dinero público y si los proyectos y programas cumplieron sus objetivos.
Coincidió con los otros exauditores entrevistados, en que el organismo debe contar con una instancia colegiada que le de gobernanza y contribuya a que la toma de decisiones sea transparente, consensuada y no impuesta por una sola persona
Pidió que se restablezca el área de Auditoría Interna, porque los auditores “no se mandan solos”
Calificó como importantísimo que las determinaciones del titular del organismo no sean discrecionales.
Pidió apego estricto a la Ley de fiscalización y que las auditorías sean de mayor calidad, aunque se realicen en un menor número.
Agregó que es desesperante, que las auditorías realizadas sean “irresolutas”, es decir, que no tengan consecuencias en el uso del gasto, así como en la aplicación de sanciones y el deslinde de responsabilidades.
También expresó que la visión en la Auditoría debe ser de mayor independencia y autonomía, de una fiscalización efectiva que incluso cumpla estándares internacionales, que permita combatir la corrupción, que se recupere la confianza en la institución y que se concentre en la fiscalización, no en la prevención.
Que el organismo sea confiable para todos, en especial para los ciudadanos, que no sea conflictivo ni arbitrario, sino transparente, demandó.
Emilio Barriga
En su evaluación, el también exauditor Emilio Barriga, consideró que la ASF tiene un claro desequilibrio, ya que el 90 por ciento de las revisiones que aplica, recaen en el gasto en estados y municipios, es decir, el federalizado.
Ello, mientras sólo el 10 por ciento de las auditorías son al gasto en el Gobierno Federal y sus dependencias.
Refrendó que confía en el desarrollo del proceso de selección.
Entrevistas simultáneas
Debido al gran número de contendientes, el doble que en la contienda anterior, cuando se inscribieron cerca de 40 personas, la Comisión de Vigilancia de la ASF decidió organizar tres grupos de trabajo que en simultáneo, están siendo entrevistados tres aspirantes cada media hora.
Las entrevistas a los contendientes que pasaron la primera evaluación, finalizará este viernes 6 de marzo de 2026.
Después, la Comisión de Vigilancia deberá evaluar el resultado de las entrevistas, determinar qué perfiles cumplen los requisitos de idoneidad y elaborar la terna de finalistas que habrán de presentar ante la Mesa Directiva del recinto, a más tardar el próximo 11 de marzo.