En la víspera de la aprobación del “Plan B” de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, la siguiente semana, el vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez, insistió en que lo más conveniente es posponer hasta 2028 la elección judicial que tendrá lugar en 2027.
Realizar la elección en 2027 podría afectar la independencia judicial
El legislador afirmó que de ese modo se podría garantizar la imparcialidad del proceso, asegurar que será una determinación técnica y que estará ajena a intereses políticos.
Recordó que hizo una propuesta en esa materia y estuvo a punto de ser aprobada en comisiones, pero finalmente no se abordó.
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Ramírez Cuéllar refrendó que llevar a cabo la segunda fase de la elección de magistrados y jueces en 2027, en cumplimiento de la reforma judicial, provocará una mayor “presión política” que podría afectar la independencia judicial.
Subrayó que la primera mitad de las elecciones de juzgadores puso en evidencia errores y faltas que deben subsanarse, para mejorar la calidad de esos comicios.
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“Lo más conveniente sigue siendo realizar las elecciones del Poder Judicial en el 2028 y juntar todo en 2027, revocación de mandato, elecciones de gobiernos estatales, 300 distritos electorales, porque es una elección con una connotación política de democracia directa, y la elección judicial creo que lo más conveniente es trasladarla hasta el 2028”, recalcó.
El parlamentario aseguró que separar las elecciones judiciales de los comicios regulares, permitirá dar claridad al primer proceso señalado, aunado a que los ciudadanos tendrán información más precisa sobre las personas que habrán de ser elegidas para integrarse al Poder Judicial.
Se evitará la “saturación” de los electores y se fortalecerá la legitimidad de quienes forman parte del aparato de justicia en el país, manifestó.
Indicó que las votaciones por jueces y magistrados no deben convertirse en una competencia donde pueden intervenir fuerzas políticas partidistas, porque ello afectará la imparcialidad que debe observar esa selección.
Perfeccionar las elecciones judiciales
Ramírez Cuéllar insistió en que es necesario “perfeccionar” la elección judicial a través de una serie de pasos que deberían concretarse en el ámbito parlamentario, con el fin de que se cumplan en los hechos.
Para ello, enfatizó, se debe recorrer la elección judicial del 2027 al 2028.
Asimismo, es necesario que las reglas en materia de propaganda y promoción del voto a favor de candidatos a jueces y magistrados sean más claras, a fin de garantizar la equidad de la contienda y evitar injerencias de partidos políticos.
Propuso reducir el número de candidatos a elegir, para que los ciudadanos valoren los perfiles de manera más objetiva.
Que los aspirantes sean mejor seleccionados, cuenten con una trayectoria que respalde su trabajo, tengan el mérito y el conocimiento técnico en materia judicial necesario, demandó.
Indicó que su propuesta pasa por implementar más medidas de certificación de competencias de los contendientes, para asegurar que cumplan con la profesionalización, conocimiento e idoneidad necesarias.
Asimismo, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requiere “reorganizarse”, para que cuente con un área de tratamiento de asuntos administrativos y laborales, y otra, en materia penal y civil.
Consideró que con esas modificaciones, el funcionamiento del Alto Tribunal sería más eficiente y ágil.
“Es evidente que la Suprema Corte tiene una enorme carga de trabajo; es necesario desahogar los asuntos con mayor agilidad y, probablemente, una forma de lograrlo sea mediante el establecimiento de dos secciones para dividirse la atención a los temas”, sugirió.
Agregó que el quinto planteamiento, es fortalecer el diseño institucional del sistema judicial en su conjunto, para lograr una mejor coordinación entre instancias como el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y la propia Suprema Corte.
Si se implementan esas cinco disposiciones, agregó, se cumplirá en los hechos el propósito de la reforma judicial aprobada en 2024, de contar con un Poder Judicial más eficiente, imparcial, independiente y que atienda las demandas de justicia de la población.
“Se trata de garantizar que la democratización del Poder Judicial se realice con bases sólidas, privilegiando el mérito, la imparcialidad y la calidad técnica por encima de cualquier interés político”, externó.