Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron presuntos actos de corrupción, extorsión y abuso laboral al interior de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), señalando directamente a Marx Arriaga y a quien fuera director de Desarrollo e Innovación del área, Sady Arturo Loaiza Escalona.
De acuerdo con un escrito enviado a distintos medios de comunicación, las y los denunciantes aseguraron que se les solicitaban depósitos bancarios por cantidades elevadas como condición para obtener o conservar un empleo dentro de la dependencia. Según los testimonios, los pagos eran justificados como aportaciones para una supuesta “lucha” o proyecto interno.
Aseguran que entregaron pruebas al Órgano Interno de Control de la SEP
La documentación difundida incluye capturas de mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias por montos que, en algunos casos, alcanzaban los 38 mil pesos. Los denunciantes afirmaron que quienes se negaban a entregar dinero eran amenazados con la baja laboral o con la negativa de contratación. También señalaron que las solicitudes de depósito se realizaban desde oficinas administrativas y que se pedía realizar los pagos mediante intermediarios.
Te podría interesar
En el material presentado, los trabajadores sostienen que las denuncias ya fueron entregadas al Órgano Interno de Control de la SEP. Aseguran que las pruebas difundidas representan solo una parte de las irregularidades que, según su versión, ocurrían dentro de la DGME. Algunos afectados afirmaron haber perdido su empleo pese a haber realizado pagos anticipados, luego de que las investigaciones internas comenzaran.
Señalan presuntas presiones laborales
Además, en la denuncia se acusa la existencia de presuntos “aviadores” y prácticas de presión laboral, incluyendo aislamiento, cambios de adscripción y asignaciones fuera de funciones oficiales. Los testimonios también describen presuntos episodios de violencia verbal, amenazas y exigencias para devolver parte del salario al área administrativa.
Te podría interesar
Los denunciantes sostienen que estas prácticas habrían provocado afectaciones económicas, físicas y emocionales entre el personal. Finalmente, advirtieron que, pese a las amenazas señaladas en los documentos, están dispuestos a hacer públicas sus acusaciones con el objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos.