La Fiscalía General de la República (FGR) recibió desde el pasado 27 de agosto de 2025, una denuncia contra gobernantes, dirigentes políticos y exfuncionarios involucrados en delitos asociados al huachicol fiscal y la delincuencia organizada.
Entre los señalados figuran el actual secretario de organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Beltrán y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Así lo informó el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring, quien hizo de conocimiento público el hecho, en el marco de la visita al país, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
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También, en respuesta a la exigencia de la Presidenta de la República de presentar pruebas y denuncias formales ante la autoridad correspondiente, contra quienes están señalados como involucrados en delincuencia organizada e ilícitos como el tráfico de combustibles y forman parte del partido Morena o de las distintas esferas de gobierno.
La querella se interpuso contra López Beltrán, el gobernador Américo Villarreal; el exfuncionario de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios; Tania Gisela Contreras López, actual titular del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas,
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También contra las personas identificadas como Javier Valdez Perales, magistrado del Supremo Tribunal de Tamaulipas; Jorge Luis Báez; Horacio Duarte Olivares, actual secretario general de Gobierno en el Estado de México; así como el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Los ilícitos por los que se les señala, abundó Döring Casar, son conspiración, delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, encubrimiento, operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencias
Detalló que, desde el 28 de agosto de este mismo año, el expediente fue turnado a Efrén Cerpa Gaxiola, titular de la Fiscalía Antilavado de la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada de la FGR.
El congresista federal señaló que, como ha demandado la Jefa del Ejecutivo Federal, ya hay pruebas presentadas para que la Fiscalía General actúe contra los políticos, servidores y exservidores públicos involucrados con la delincuencia organizada.
“Como dice la Presidenta: pruebas, pruebas, pruebas, basada en el oficio girado por Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa en el sexenio anterior, en el que señaló a Juan Carlos Madero Larios desde la segunda posición en el área de Aduanas como responsable del huachicol fiscal, y ya está presentada la denuncia.
Antes que nadie y de manera pública, agregó el panista, su partido denunció ante la Comisión Permanente del Congreso la existencia de “narcoterroristas” en México.
Aseguró que una muestra de ello, fue el homicidio del delegado de la FVR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, quien fue atacado con una granada y con armas de fuego a plena luz del día.
El legislador panista también arremetió contra el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, al que acusó de “callar como momia” ante los reiterados señalamientos del gobierno norteamericano respecto a que México está dominado por el crimen organizado, aunque la Presidenta de la República sea “increíble”, “elegante” y “hermosa”.
“Política del avestruz” ante el huachicoleo
Cuestionado expresamente, dijo no coincidir con que ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México ejercen respectivamente la “política del avestruz”, es decir, que, ante el tráfico de armas y drogas entre uno y otros territorios, no actúan.
Subrayó que en Estados Unidos se ejerció acción de inmediato cuando se identificó y detuvo a los empresarios integrantes de la familia Jensen, James y Maxwell Jensen, acusados por contrabando de combustibles y colusión con el crimen organizado.
“Allá están haciendo cosas que acá no”, remarcó.
Asimismo, criticó al secretario de Seguridad federal, Omar García, que, si bien ha anunciado decomisos de terrenos, carrotanques y pipas utilizadas para el huachicoleo de combustibles, pero se sabe cuánto dinero ha sido congelado y asegurado.
Tampoco se tiene información de los procesos penales emprendidos contra los detenidos y se desconocer si los autores intelectuales ya han sido capturados, recriminó.