La presidenta de la República envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que reglamenta la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, así como otras disposiciones para reforzar la atención de la salud de la población.
El texto fechado el pasado 23 de septiembre, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, recalca que los cambios referentes a la prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como las restricciones a la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas ilegales, incluyendo el uso ilícito del fentanilo, complementan la reforma constitucional en la materia.
Incluye ajustes en cuanto a las compras consolidadas de medicamentos, equipos médicos de alta tecnología y otros insumos, lo cual se realizará “bajo la conducción” de la Secretaría de Salud federal.
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Hasta la noche de este jueves 25 de septiembre, el texto de 299 páginas no se había publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara.
Sanciones por uso de vapeadores
La propuesta prevé las sanciones asociadas a la prohibición de la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas y dispositivos análogos.
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Aquel que sin autorización elabore, introduzca al país, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en general realice actos con las sustancias tóxicas que marca el artículo 278 de la ley “con inminente riesgo a la salud de las personas, se le impondrá de uno a ocho años de cárcel y multa desde 100 y hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA.
Esas penas son “proporcionadas”, justas y equilibradas en comparación con la gravedad del delito, explica.
En materia de compras consolidadas de medicamentos e insumos y equipo médico para la salud, el propósito es que exista una mayor coordinación entre las instituciones de salud, para la “pronta y oportuna” adquisición de los elementos señalados.
La Secretaría de Salud deberá revisar que las instituciones públicas del ramo tengan las mejores condiciones de compra, exista un abasto adecuado en las unidades médicas y asegurar la disponibilidad de medicamentos.
Evitar juicios en materia de salud
También contempla incorporar a la ley “mecanismos alternativos de solución de controversias” para garantizar el acceso a la justicia en materia de servicios de salud, así como resolver casos de mala práctica médica, negativa de servicios e incumplimiento de tratamientos establecidos.
Incluye medidas para prevenir “la judicialización masiva del sistema de salud”, reduciendo la carga de litigios en tribunales, a través de mecanismos “alternativos” como la orientación y asesoría, gestión inmediata, conciliación, mediación y arbitraje. Señala que se evitará el “uso innecesario de recursos judiciales”.
Para promover la “sostenibilidad” del sistema de salud, establece “evitar gastos innecesarios o injustificados en el sistema de salud, derivados de controversias prolongadas”.
Cambios a la Ley de Salud
En la exposición de motivos, la Jefa del Ejecutivo Federal indicó que se incorporarán a la norma, elementos que permitan cumplir el Plan México, que prevé la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada.
Prevé fortalecer las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que sus trámites sean más ágiles.
Incorpora la regulación de los “hemoderivados” y “simplifica” los Comités vinculados a la aprobación de protocolos de investigación.
En cuanto a la compra consolidada de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos, se promoverá la participación de personas físicas o morales que acrediten tener inversiones en la materia en el territorio nacional, o comprueben “el inicio de instalación” de fábricas y almacenes.
La salud digital y la planeación de infraestructura en salud serán consideradas “materias de salubridad general”.
Regulará los servicios de salud digital
Eliminará los porcentajes de distribución del Fondo de Salud para el Bienestar, para que el Comité Técnico del Fideicomiso pueda determinar de manera colegiada, la distribución de los recursos.
Asimismo, precisará las acciones a emprender por la Secretaría de Salud para el control de plaguicidas y la vigilancia sanitaria por medios electrónicos.