En la Cámara de Diputados hay pendientes aproximadamente mil 200 demandas de juicio político acumuladas y cuya procedencia no se ha determinado, por lo que las recientes solicitudes contra el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Adán Augusto López y la diputada federal de ese mismo partido, Hilda Brown, tendrán que esperar su turno, reconoció el presidente de la Comisión Jurisdiccional del recinto, Hugo Eric Flores.
Tras encabezar una reunión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional, el congresista recordó que por ley, los juicios políticos se atienden por orden de presentación, de modo que antes de procesar demandas contra el senador López Hernández y la diputada Brown Figueredo, la lista de pendientes se tiene que depurar.
Estimó que de los aproximadamente mil 200 juicios pendientes, cerca de mil ya habrían perdido vigencia, pero es preciso determinarlo formalmente.
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En consecuencia, los juicios políticos que aún podrían proceder, son alrededor de 200.
Dijo confiar en que las demandas contra el líder morenista en el Senado, a quien se ha señalado por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, y contra la diputada que de acuerdo al Tesoro de Estados Unidos permitió operaciones del Cártel de Sinaloa cuando fue presidenta municipal en Rosarito, no se queden a “dormir el sueño de los justos”.
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“Yo espero que no, no depende de la Comisión Jurisdiccional (…) pero tengo que advertir un tema muy importante, dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200 pues faltaría mucho”, expresó.
Recordó que al inicio de su encargo, propuso una reforma para adecuar y agilizar tanto los procesos de juicio político como los desafueros, pero aún no se aprueba.
Cuando ello suceda, la Subcomisión de Examen Previo pasaría a formar parte de la Comisión Jurisdiccional y en consecuencia, habría más celeridad para resolver los pendientes.
A pregunta expresa, manifestó que entre los juicios que podrían seguir vigentes, están los presentados contra exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; y contra exministros de la Suprema Corte, como Norma Piña.