En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a la propuesta de reforma a la Carta Magna planteada por la Presidenta de la República para enfrentar la extorsión.
El proyecto que modifica el artículo 73 del ordenamiento constitucional, facultará al Congreso a legislar en la materia y emitir una ley general que establezca las medidas para combatir el delito referido.
La iniciativa en cuestión se aprobó por unanimidad de 37 votos y será turnada a la Mesa Directiva del recinto para su análisis y aprobación en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
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Respaldo al combate a la extorsión
En la discusión donde hubo posiciones unánimes, los legisladores de las bancadas de la oposición expresaron su voto a favor del planteamiento presidencial.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, así como la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Márquez, coincidieron en pedir que la ley general por plantear, como efecto de la reforma constitucional, sea integral.
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La diputada Márquez calificó como inadmisible permitir que se multipliquen casos como el de la maestra Irma Hernández, que fue ultimada, víctima de extorsión del crimen organizado.
“Cómo no vamos a apoyar una estrategia, una idea que pueda ayudar a evitar que una imagen tan desgarradora como la de la maestra siendo cercada por los delincuentes en Veracruz se vuelva a repetir. De ninguna manera no podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país”, manifestó.
La congresista advirtió que la extorsión ha pasado de ser un delito meramente patrimonial, que afectaba en el ámbito económico a las víctimas, a representar un grave riesgo para la integridad y la vida de las personas.
Incluso los legisladores del bloque mayoritario reconocieron que la reforma es urgente y necesaria, ya que en los últimos 10 años, el delito señalado se disparó en más del 87 por ciento.
“No más extorsiones, de acuerdo con datos del INEGI, la inseguridad que deriva de la extorsión golpea a la inflación y a la inversión a tal grado que es factor determinante para la desaparición de empresas formales, y el cierre de miles que ante la imposibilidad de los dueños para defenderse de los criminales, prefieren escapar”, admitió la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Clara Cárdenas.
Agregó que tan solo en el primer trimestre de este 2025, se registraron oficialmente 5 mil 887 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento en ese delito, de más del 87 por ciento en 10 años.
Recalcó que en el caso de la extorsión que se comete contra integrantes del sector primario, es decir, productores de campo y otras mercancías, no hay denuncias formales porque la vida de los afectados corre riesgo.
Por ello, enfatizó la legisladora morenista, es necesario homologar el tipo penal en todo el país y fortalecer las capacidades de las autoridades locales, para combatir esa práctica delictiva.