La historia de Karla Fernanda Hernández Gorostieta, una joven acusada de asesinar a su madre y a su tío, continúa siendo objeto de debate en los tribunales y la opinión pública. El caso, ocurrido cuando la imputada tenía 18 años, combina elementos de violencia familiar, condiciones de salud mental y dudas sobre la actuación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
La FGJ solicitaba una condena ejemplar: 120 años de prisión. Según la dependencia, Karla habría asesinado a Paola N, su madre, y a Juan N, su tío, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del domicilio familiar ubicado sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Santa María Nonoalco.
El hallazgo ocurrió después de que vecinos alertaran a las autoridades por el fuerte olor que emanaba del departamento. Con apoyo de bomberos, la puerta principal fue derribada y se descubrió la escena del crimen.
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Las víctimas presentaban múltiples golpes y mordidas, que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, podrían haber sido provocadas por un perro pitbull.
¿Cuál es el diagnóstico de Karla Fernanda?
El proceso judicial dio un giro cuando se presentaron peritajes psiquiátricos. Cuatro especialistas concluyeron que Karla Fernanda tenía discapacidad psicosocial y que era inimputable. El diagnóstico incluyó esquizofrenia, retraso y autismo, condiciones que la colocaban en un estado de vulnerabilidad.
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El asesor jurídico de la joven, Héctor Pérez, explicó que los peritos determinaron que Karla actuó bajo un episodio psicótico grave, sin capacidad de comprender la magnitud de sus actos ni de autodeterminarse.
Pese a ello, la Coordinación de Procesos de la FGJ insistió en pedir una medida de internamiento de 120 años. El argumento central de la Fiscalía se basó en que una de las víctimas, su tío, habría alcanzado a señalar a Karla como responsable. No obstante, los informes forenses desmintieron esa versión: el hombre llevaba al menos siete horas sin vida cuando supuestamente se le atribuyó esa declaración.
¿Cómo fue la vida de Karla?
La defensa de Karla también presentó testimonios y documentos que reflejaban la compleja vida de la joven. Desde pequeña, padeció abuso sexual, creció en un ambiente insalubre y pasó temporadas en instituciones como el DIF y el Hospital Psiquiátrico Juan Navarro. Estos antecedentes, argumentaron sus abogados, contribuyeron a la crisis que culminó en la tragedia.
En audiencia, el juez Cárdenas Delgado determinó que la Fiscalía no pudo demostrar de manera fehaciente la participación de Karla en los homicidios. La resolución se sustentó en la falta de pruebas directas y en los dictámenes médicos que acreditaron su inimputabilidad.
El caso ha desatado opiniones encontradas. Por un lado, se plantea la necesidad de garantizar justicia para las víctimas; por otro, surge el cuestionamiento sobre el tratamiento que deben recibir personas con graves padecimientos psiquiátricos frente a la justicia penal.
Lo cierto es que el expediente de Karla Fernanda expone un choque entre la rigidez del sistema judicial y la complejidad de los diagnósticos en salud mental, un tema que sigue generando controversia en México.