El acceso a playas y áreas naturales protegidas en el país debe ser libre y gratuito, manifestó el líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
En conjunto con su compañero de fracción, Enrique Vázquez, Monreal Ávila planteó reformas a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para establecer formalmente esa medida.
La propuesta inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso indica que las normas señaladas deberán establecer la prohibición expresa a la implementación de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el acceso a playas.
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Ello, con excepción de los sitios donde se establezcan medidas expresas de prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
La autoridad tendrá que garantizar al menos un acceso público “funcional y seguro por tramo costero” y de carácter permanente, prevé.
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Gobernantes federales, estatales y municipales garantizarán, según sus facultades, acceso desde las vías públicas a playas marítimas y la zona federal contigua a las mismas de manera segura, señalizada y con servicios básicos.
En el caso de todas las áreas naturales protegidas, se establecerá al menos un día a la semana de acceso gratis al público en general, preferentemente en fines de semana y días festivos.
Que “los particulares que cuenten con concesiones o permisos en la Zona Federal Marítimo Terrestre no puedan impedir el acceso público a las playas y deban de prever un acceso libre de uso común”, añade el texto.
Si la norma se incumple, se revocará la concesión o permiso, dice.
El líder morenista en San Lázaro y el diputado Vázquez manifestaron que con su planteamiento se asegurará que los cobros y las tarifas a los visitantes de áreas protegidas no impidan el libre acceso a playas nacionales y no inhiban el turismo y disfrute de la riqueza natural del país.
Acceso libre a playas y áreas naturales
En la argumentación, los morenistas recordaron que el país tiene 12 mil kilómetros de costas que incluyen numerosas áreas naturales protegidas dónde hay playas, litorales y zonas colindantes.
Consideraron que los últimos años en algunas de dichas áreas “se ha abusado de la protección medioambiental, negando el acceso a playas que deben de ser públicas o estableciendo cobros para su ingreso”.
Calificación esas restricciones como una vulneración a los derechos constitucionales, ya que muchas ocasiones no se justifica plenamente la relación entre lo recabado por el cobro del acceso y la preservación del ambiente.
La situación ha provocado exclusión social que afecta en particular a personas de escasos recursos y los sectores más vulnerables de la población, expresaron .
Qué es las medidas de conservación ambiental no se conviertan en barreras ni en motivos de exclusión, con el fin de impedir que el disfrute del patrimonio natural sea un privilegio sujeto a un pago económico, recalcaron.
Recordaron que desde el 2007, el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas contempló la imposición de cuotas para el acceso a esos espacios, con el propósito de obtener recursos para la restauración ambiental, controlar el flujo turístico y proteger la biodiversidad de esos espacios.
La norma, dijeron, provocó disgusto social, efectos adversos, restricciones a los derechos de miles de personas y mayor desigualdad social.
También ocasionó la restricción del paso en zonas de playa, a través de la aplicación de cobros o la colocación de barreras físicas e incluso la construcción de inmuebles privados que cierran por completo el acceso.
Como un efecto colateral, agregaron, se ha registrado una baja en la afluencia turística, lo que ha impactado de manera negativa en la economía local.
Como ejemplo de los abusos con las restricciones descritas, refirieron el caso del municipio de Tulum, en Quintana Roo, donde se han establecido impedimentos para acceder a playas ubicadas en áreas naturales protegidas con el pretexto de la conservación natural, pero con el propósito final debe beneficiar intereses particulares.
En consecuencia, propusieron reestructurar la norma para garantizar el libre acceso a los sitios descritos, incluso los que se encuentren dentro de áreas naturales protegidas, sin que ello afecte las acciones de conservación.