En la Cámara de Diputados se alista la aprobación de la reforma constitucional propuesta por la Presidenta de la República en materia de extorsión.
La Comisión de Puntos Constitucionales, a la que se turnó el asunto, ser reunirá este martes 5 de agosto, para avalar el proyecto.
En el orden del día de la Comisión, publicado en la Gaceta Parlamentaria del recinto, se señala que el tema central será la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con cambios al artículo 73 de la Carta Magna.
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Ello, para facultar al Congreso de la Unión a emitir legislación en materia de combate a la corrupción.
Se prevé que una vez aprobado en la Comisión, el asunto se turne a la Mesa Directiva de la Cámara, para que se programe a discusión en el Pleno, lo que ocurrirá en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo.
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Reforma constitucional sobre extorsión
En el documento enviado por la Presidenta al Legislativo a inicios del pasado mes de junio, establece que se busca otorgar a ese Poder, la facultad de emitir leyes generales en materia de combate a la extorsión.
En artículos transitorios, marca que en cuanto el decreto señalado se apruebe, habrá un periodo de 180 días para expedir la ley general en cuestión.
En la justificación del proyecto, la mandataria federal recordó que su gobierno ha implementado una estrategia nacional contra la extorsión, al reconocer que se trata de un ilícito grave y cuya incidencia va en aumento.
La norma general que derivará de la reforma constitucional, abundó, deberá establecer un tipo penal homogéneo a nivel nacional con respecto a la extorsión, para que las sanciones sean iguales en todo el territorio nacional.
Actualmente, las penas contra la extorsión son diferentes en cada entidad federativa, lo que ha dificultado la atención a la problemática.
La iniciativa de la Jefa del Ejecutivo también admite que la conducta delictiva señalada se ha diversificado y ampliado, alcanzando todos los ámbitos de la vida en el país, aunado a que el ilícito se comete desde el territorio nacional e incluso el exterior.
Refiere que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas, conforme al número de denuncias presentadas en las fiscalías estatales.
En el año 2018, se cometían 18.8 extorsiones diarias en promedio, y para enero de 2025, la cifra llegó a 29.7 por ciento, es decir, se incrementó en más del 57 por ciento.
Las entidades más afectadas, ya que concentran el 61 por ciento de los casos, son el Estado de México que por sí solo acumula más del 33 por ciento de la incidencia; así como Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, dice el texto enviado a los congresistas federales.