Un informe reciente advierte que el sexenio pasado "logró subvertir la independencia judicial, en detrimento del equilibrio entre los poderes públicos y de la democracia" en México. El documento, titulado "La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024", fue elaborado por Azul Aguiar Aguilar y editado por la Fundación para la Justicia.
Según Aguiar, la Reforma Judicial de 2024 representa una "flecha" al "talón de Aquiles" de la democracia mexicana: el Estado de Derecho. Esta reforma, afirmó, amenaza la división de poderes y la protección de los derechos ciudadanos, llevando a México a una situación donde la capacidad de funcionar como un gobierno democrático se ve comprometida. Aguiar criticó la narrativa de que "todo está bien" y que la elección de jueces "fue un éxito", a pesar de una participación del 13%, y con solo el 9% de votos válidos. Subrayó que este es un movimiento típico de gobiernos en procesos de erosión democrática, donde los retrocesos se camuflan en la ley y la Constitución.
Ataques sistemáticos y sus consecuencias
El informe detalla que el sexenio anterior fue un periodo de deslegitimación y ataques constantes al Poder Judicial, que culminaron en la reforma constitucional. Se destacó que en 3 de cada 10 conferencias matutinas del Ejecutivo federal hubo ataques directos al Poder Judicial. Además, se presentaron 135 iniciativas de reforma constitucional y leyes secundarias para modificar su estructura institucional, debilitando su independencia y su función como contrapeso.
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La reforma de 2024, específicamente, impactará en tres áreas clave:
Elección por voto popular de todas las personas juzgadoras: Esto, como ya se vio en la elección judicial del 1 de junio, politizará al Poder Judicial, obligando a los jueces a actuar según las expectativas de sus electores o partidos, comprometiendo su independencia. La reforma, lejos de resolver problemas, los agudiza.
- Creación de un tribunal de disciplina judicial.
- Nueva "carrera judicial".
- La narrativa de deslegitimación
El principal objetivo de la reforma constitucional de 2024 fue la "remoción de todas las personas juzgadoras del país para someter sus cargos al voto popular". Para lograrlo, se construyó una narrativa populista en contra del Poder Judicial. El reporte señala que el 30% de las conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador contenían ataques contra el Poder Judicial. Asimismo, en la Cámara de Diputados, el 24% de sus sesiones incluyeron ataques a la legitimidad de los juzgadores, y en el Senado, el 22% de las sesiones.
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Los ataques se clasificaron en cuatro categorías: deslegitimación, ataque a la separación de poderes, embates presupuestales y la reforma judicial. Se observó un incremento en los ataques tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte.
Ataques legislativos
El informe también destaca que 135 iniciativas de reforma constitucional y leyes secundarias fueron presentadas para modificar la estructura del Poder Judicial. De estas, el 52% provinieron de legisladores de MORENA y su coalición, mientras que el 59% de las iniciativas atentaron directamente contra la "independencia judicial", demostrando una clara tendencia a la intervención en la autonomía del Poder Judicial.
Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA), enfatizó que "no hay democracia sin separación de poderes y, por lo tanto, no hay democracia sin independencia judicial". Instó a la sociedad civil a reorganizarse y ser creativos. Citó la observación de la OEA sobre la elección judicial del 1 de junio, que, aunque organizada, concluyó con una recomendación clave: "¡recomendamos que ningún país de la región imite este modelo que se está implementando en México!". Esto, según Jiménez, demuestra la profunda preocupación de la comunidad internacional.