El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, denunció que los hechos violentos que se registran en varios estados del país evidencian que hay una asociación entre los gobiernos emanados de Morena y el crimen organizado.
En un video difundido en redes sociales, dijo que el caso de Tabasco, donde el exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez, nombrado por el hoy senador Adán Augusto López, encabezaba la organización criminal denominada “La Barredora”, se suma a los casos que padecen entidades como Tamaulipas o Sinaloa, afectadas por el huachicol y la violencia.
Sostuvo que estos hechos son resultado de la política de “abrazos y no balazos” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que, debido a la violencia y colusión de autoridades con grupos criminales, se mantiene la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aumentar los aranceles a productos mexicanos.
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El líder de Acción Nacional criticó que, frente a estas denuncias, Morena reaccionó con el anuncio de que se creará una comisión legislativa para investigar el llamado “Cártel Inmobiliario”, por ello, anunció que los diputados panistas votarán a favor de esta propuesta.
Sin embargo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que también se pronuncie sobre la creación de comisiones legislativas para investigar al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez y su relación con el senador de Morena Adán Augusto López.
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Además de las acusaciones por lavado de dinero contra Vector Casa de Bolsa, encabezada por Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia.
“presidenta, ya nos dio su opinión sobre investigarnos a nosotros. Perfecto. Pero ahora le pregunto con el mismo ánimo democrático: ¿cuál es su posición respecto a las comisiones que hemos propuesto para investigar el blanqueo de recursos en Vector Casa de Bolsa, o el caso de La Barredora en Tabasco? ¿Sobre esas también está de acuerdo en que se llegue hasta las últimas consecuencias?”, cuestionó.
Jorge Romero anunció que el PAN propondrá en el Congreso imponer cadena perpetua a funcionarios públicos aliados con el crimen organizado.