Del 2016 a la fecha, 84 defensores del medio ambiente han sido asesinados en México por su labor: 77 eran hombres y 7 mujeres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana. A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones, reclaman el Espacio OSC, y las Brigadas Internacionales de Paz/Proyecto México este 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente.
El Estado mexicano tiene una “deuda” con “quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país”, agregan los defensores humanitarios al subrayar que el Estado mexicano “ha aprobado marcos normativos que deben ser implementados con urgencia. Entre ellos, destacan la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012. A nivel internacional, México ya firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020”.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente. El acuerdo también compromete a los países a garantizar el acceso efectivo a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos relacionados con el ambiente, y el acceso a una justicia ambiental pronta y adecuada.
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Con esta fecha, insisten Espacio OSC, y las Brigadas Internacionales de Paz/Proyecto México, se “exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país… La tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden. El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo”, remarcan.
Además de lamentar la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), pues “genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental”, las agrupaciones recalcaron que “sin mecanismos transparentes y efectivos para consultar datos sobre proyectos, concesiones, evaluaciones de impacto y decisiones gubernamentales, la defensa del medio ambiente se vuelve más vulnerable”.
“Consideramos urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas; la justicia ambiental debe ser accesible, oportuna y efectiva para quienes defienden sus territorios y comunidades”, se añade.
Así, piden a las instancias de gobierno “establecer un Plan de Acción nacional para la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, construido en diálogo con sociedad civil, pueblos originarios y personas defensoras del medio ambiente, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Mecanismo Federal de Protección.
Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección con recursos suficientes, capacidades técnicas, enfoque territorial, colectivo y perspectiva diferencial, que atienda de manera diferenciada los riesgos específicos de mujeres defensoras, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos vulnerables.
Garantizar el derecho al acceso a la información ambiental a través de mecanismos efectivos y transparentes, restituyendo y garantizando las funciones esenciales del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Y desarrollar estrategias para enfrentar y desarticular el avance del crimen organizado en territorios afectados, protegiendo a las comunidades y personas defensoras. Apunta el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), integrado por ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC); con el respaldo de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.