Los mexicanos que radican en Estados Unidos y otros países y tienen más de 65 años deben tener acceso a la pensión para adultos mayores, consideraron integrantes de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados.
Durante un conversatorio sobre el planteamiento de llevar “más allá de las fronteras” el apoyo social señalado, congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron a favor de que ese derecho establecido en la Constitución sea realmente universal.
Las diputadas del albiazul, Liliana Ortiz y Leticia Gutiérrez, hicieron énfasis en que, principalmente en la Unión Americana, los migrantes en su gran mayoría trabajan en la informalidad y en sectores donde los empleadores no les ofrecen puestos formales y tampoco derechos como el de acceso a la seguridad social y menos aún, a pensiones de retiro.
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De acuerdo a análisis del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York, sólo el 15 por ciento migrantes mexicanos tienen oportunidad de tener ingresos por jubilación, refirió.
“De acuerdo con un informe del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington, aproximadamente el 71 por ciento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se emplean en sectores como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico o la hotelería, donde los empleadores suelen evadir sus responsables legales, dejándolos fuera de beneficios básicos”, remarcó la diputada Ortiz Pérez.
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La diputada Gutiérrez Garza pidió que ante la situación, el Gobierno Federal no deje solos a los connacionales que se encuentran en situación completamente vulnerable, ya que se sienten olvidados por su país y despreciados en el territorio donde residen.
Manifestó que el hecho de radicar en el exterior, no debe ser una limitante para que accedan al apoyo social del Gobierno Federal.
Ello, aunado a que es obligación constitucional de la autoridad mexicana entregar la pensión para adultos mayores a todas las personas mexicanas mayores de 65 años, sin importar su lugar de residencia.
A su vez, la priísta y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Marcela Guerra, alertó que la política de rechazo a los migrantes del Presidente Donald Trump está provocando una caída en las remesas enviadas a México, debido a las detenciones de migrantes, persecución de la autoridad migratoria y las amenazas de deportación.
En ese contexto adverso, agregó, los migrantes no cuentan con garantías de ingresos y tampoco de protección de los dos gobiernos mexicano y norteamericano, por lo que viven una doble exclusión.
En consecuencia, opinó Guerra Castillo, en México se debería legislar sobre la portabilidad de derechos sociales, como el de contar con las pensiones entregadas por el Gobierno Federal.
Asimismo, añadió, debería crearse un registro binacional de personas con el fin de tenerlas identificadas y garantizar su acceso a apoyo social.