En el estudio “Transición energética justa, desigualdad estructural y movilidad social en México”, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), enfatizó que “el acceso a energía es esencial para el desarrollo y crecimiento económico. Para una transición energética justa, se debe priorizar el impulso a la movilidad social, inclusión económica y sostenibilidad ambiental, asegurando que el acceso a fuentes de energía renovable genere oportunidades y equidad”, remarcó Alejandro López-Feldman, uno de los investigadores.
Expandir energías renovables en comunidades vulnerables podría fortalecer a cooperativas, mientras que promover incentivos fiscales facilitará un acceso más equitativo a fuentes limpias de energía. “Con mayor accesibilidad, gobernanza inclusiva y energías limpias, México podrá cerrar brechas y avanzar hacia una justicia energética sostenible”, finalizó López-Feldman, en el evento Transición Energética, Desigualdades y Movilidad Social, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
En otro estudio sobre transición energética impulsado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Delegación de la Unión Europea (UE), “Transición energética justa en México: vulnerabilidades, impactos y claves para la equidad”, del Instituto de Desarrollo Energía y Ambiente (IDEA), se remarcó que los impactos de una misma acción de transición energética son diferentes en cada estado; el retiro de centrales fósiles podría afectar de manera diferente a Guerrero debido la alta incidencia de pobreza en este estado, comparado con Coahuila con menor incidencia, pero alta dependencia de la extracción de carbón. "En la investigación también se encontró que las mujeres, pueblos originarios y comunidades rurales enfrentan una vulnerabilidad desproporcionada; se debe asegurar la representación de las mujeres y comunidades indígenas en los procesos de consulta, el acceso a la información en un lenguaje accesible y considerar sus necesidades energéticas durante todo el proyecto”, señaló Marco Jano, Subdirector de Investigación de IDEA.
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Finalmente, Diego Castañeda, autor del estudio “Simulación del impacto en el empleo y la desigualdad de la transición energética en México” hacia el año 2030, destacó que aunque la transición generará un saldo positivo de empleos a nivel nacional, su impacto será desigual entre sectores, regiones y grupos sociales, por lo que se requieren políticas focalizadas para garantizar una transición verdaderamente justa e inclusiva.
Castañeda añadió que la transición energética tiene un impacto neutro a nivel nacional en la distribución del ingreso. No obstante, es a nivel regional donde se presentan impactos distributivos: con estados potencialmente ganadores como Sonora o Oaxaca, o perdedores como Coahuila y Veracruz. A nivel general, el impacto en empleo de la transición es pequeño produciendo unos 60 mil nuevos empleos relacionados a la transición, entre directos, indirectos e inducidos y unos 20 mil empleos perdidos entre la generación de energía con combustibles fósiles. El impacto neto en el mercado laboral en 2030 es de aproximadamente 40 mil empleos, estimó.