Los pueblos indígenas y afromexicanos del país deben contar con mecanismos específicos para poder administrar los recursos a su cargo, de manera autónoma, planteó la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Naty Jiménez Vásquez.
La congresista propuso cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de permitir que los pueblos originarios determinen con libertad, pero también con coordinación institucional y la participación de los integrantes de sus comunidades, en la definición y gestión de las partidas presupuestales que reciban.
Presupuesto para pueblos indígenas y afromexicanos
Pidió que la norma en cuestión establezca criterios de pluriculturalidad para los sujetos obligados a cumplirla.
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Solicitó que a los anexos transversales en el presupuesto, se agregue uno referente al “Desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".
Asimismo, planteó que se establezcan definiciones respecto a los pueblos indígenas y cuáles son, y por separado, que se precise cuáles son los pueblos y comunidades afromexicanas.
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Demandó que los anteproyectos de presupuesto deberán incluir acciones que promuevan el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la eliminación de cualquier práctica discriminatoria que les impida mejorar sus condiciones de vida.
El presupuesto de egresos deberá contemplar una clasificación relativa a la “etnicidad”, que agrupe las previsiones de gasto con base en su destino por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de manera separada.
En el paquete económico no se podrán aplicar reducciones a programas presupuestarios ni inversiones dirigidas entre otros rubros, al desarrollo integral intercultural y sostenible de los pueblos referidos, propuso.
Agregó que la ley hacendaria tendrá que establecer medidas para asegurar que en la ejecución de los programas, se garantizará el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, conforme a sus sistemas normativos y con base en sus formas de organización económica, social y cultural.
Las reglas de operación y lineamientos de programas públicos dirigidos a pueblos originarios, deberán contener elementos para facilitar el acceso a programas y la reducción de trámites y requisitos a cumplir.
Prevé que el Ejecutivo y sus dependencias podrán firmar convenios de coordinación con entidades, y con los municipios, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Asimismo, la promovente pidió que cuando corresponda, los recursos federales deberán ser transferidos directamente a pueblos, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas.
Planteó que el sistema de evaluación del desempeño integre indicadores para evaluar la incidencia en la operación, seguimiento, control y resultado de programas presupuestarios dirigidos a los pueblos en cuestión.
Reforma indígena
Dichas propuestas, abundó, coinciden con la reforma constitucional en materia de reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión.
La norma señala que las asignaciones presupuestales en cuestión serán administradas directamente por esos pueblos, no obstante, es necesario refrendar esas disposiciones en leyes reglamentarias, finalizó.