Entre marzo y junio de 2022, el Hospital Neonatal Ramón Carrillo, el principal centro público de atención para recién nacidos en Córdoba, fue escenario de una tragedia: cinco bebés murieron por causas que, en un inicio, fueron atribuidas a muertes súbitas. Pero detrás de estas tragedias se escondía el nombre de Brenda Agüero.
La responsable fue la enfermera de 30 años, quien ha sido condenada esta semana a cadena perpetua tras ser hallada culpable de asesinar a cinco recién nacidos e intentar matar a otros ocho mediante la administración de inyecciones letales de potasio e insulina.
La sentencia fue dictada por un jurado popular, que también encontró responsables a tres altos directivos del hospital y al exsecretario de Salud de la provincia por encubrimiento. Ellos recibieron penas de entre cuatro y cinco años de prisión.
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¿Cómo salieron a la luz los hechos?
El caso se destapó gracias a dos neonatólogas que, ante el aumento inusual de muertes sin causa aparente, decidieron acudir a la justicia el 6 de junio de 2022. Ese día murieron dos bebés sanas: Angeline y Melody. Ambas fallecieron en cuestión de horas, sin explicación clínica evidente. Las autopsias ordenadas por el tribunal revelaron la causa: paro cardíaco por hiperpotasemia, una condición provocada por exceso de potasio en la sangre.
La investigación arrojó que Agüero había comenzado sus crímenes el 18 de marzo de ese año con Francisco, un bebé sano nacido por cesárea que murió pocas horas después de una repentina descompensación. Le siguieron Benjamín, el 23 de abril, e Ibrahim, el 23 de mayo, todos fallecidos en circunstancias similares.
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Durante meses, la tragedia se mantuvo en silencio. El hospital incluso llegó a investigar un lote de vitamina K, sospechando contaminación. Sin embargo, nadie dio el paso definitivo hasta que la cadena de muertes resultó insostenible. Fue entonces cuando las neonatólogas denunciaron ante la unidad judicial más cercana.
Los peritajes descartaron errores médicos o fallos de protocolo. Tampoco se hallaron fármacos contaminados o mal etiquetados. La única explicación posible era la intervención intencional de una persona, y todas las pistas apuntaban a Agüero. Aunque no fue vista directamente en el acto de inyectar las sustancias, las pruebas circunstanciales y la coincidencia de turnos fueron suficientes para acusarla formalmente.
Durante el juicio, los familiares de las víctimas colgaron imágenes y dibujos de los pies de los bebés en la entrada del tribunal. La lectura de la sentencia se vivió entre llanto y gritos. “Asesinos”, exclamó una hermana de uno de los bebés, mientras algunos familiares estallaban en insultos hacia los condenados.
El caso de Brenda Agüero ha abierto un debate en Argentina sobre los controles en las instituciones de salud pública y la responsabilidad de los altos mandos en la detección oportuna de irregularidades. La sociedad exige justicia y garantías de que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.