La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discute el dictamen del bloque de reformas propuestas por la Presidenta de la República en materia de Guardia Nacional, que concretarán el traspaso de esa corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La votación fue de 22 a favor y 7 en contra.
Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) optaron por la abstención.
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El documento será enviado a la Mesa Directiva del recinto, para su programación a debate en el Pleno, lo que se prevé ocurra en un periodo extraordinario.
Niega Morena militarización
Al presentar el proyecto, el presidente de la instancia dictaminadora, Julio César Moreno, justificó en todo momento que la Guardia Nacional vaya a ser administrada y adiestrada por la Secretaría de la Defensa.
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El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) negó que se trate de la militarización del país, porque el mando de las Fuerzas Armadas recae en la Presidenta de la República, que es una autoridad civil.
“Las funciones que establece para la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil, para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (...) es decir, obedece a una estrategia y mando de carácter civil encabezado por la Presidenta de la República”, explicó.
Moreno Rivera detalló que los mandos superiores y operativos de la Guardia recaerán en funcionarios de las comandancias de coordinaciones territoriales y unidades nombrados por la Jefa del Ejecutivo Federal, pero serán militares.
Explicó que la ley reconocerá a la Guardia como una fuerza permanente con personal de seguridad con formación militar, aunque será una institución policial.
Las reformas tienen como objetivo garantizar la permanencia transexenal de esa corporación y establecer la colaboración que tendrá con las autoridades civiles.
Los integrantes del organismo contarán con certificado único policial.
La Guardia se integra a la Defensa, para aprovechar su infraestructura, así como dar a sus integrantes disciplina rígida de tipo militar, adiestramiento y capacitación impartida en planteles militares, así como dar a los guardias formación militar para ejercer labores de seguridad pública.
El paquete de reformas, abundó, contiene modificaciones en materia de seguridad social, ascensos, equivalencia jerárquica y bajas por asuntos que no son delito, para los guardias.
Se establecerán sanciones “severas y ejemplares” al personal de la Guardia que incurra en delitos, aunado a que estará sujeto tanto a la jurisdicción militar y el fuero común, de acuerdo a la falta cometida y según corresponda.
La norma prevé que la Guardia contará con organismos de inteligencia para generar, compartir información en el marco de la estrategia de seguridad pública, conforme a leyes de seguridad que admitió, aún no han sido aprobadas en el Congreso.
El vicecoordinador de la fracción morenista, Leonel Godoy refrendó los argumentos, al afirmar que si bien elementos militares formarán la Guardia, ni la Secretaría de Seguridad federal ni el ministerio público ni las policías locales, serán militares.
Morena militariza la seguridad: oposición
En rechazo a las reformas, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sentenció que sí se trata de la consolidación de la militarización de la seguridad en México.
El diputado Emilio Suárez sentenció que el gobierno morenista claudicó en la obligación de fortalecer y profesionalizar los cuerpos policíacos, al entregar el manejo de la seguridad pública al Ejército.
También estará incurriendo en violaciones a derechos humanos dando facultades a la Guardia de realizar operaciones encubiertas y con “usuarios simulados”, medidas que ya han sido catalogadas como inconstitucionales por la Suprema Corte; aunado a que podrá intervenir y escuchar comunicaciones privadas.
Indicó que si bien, las normas sobre la Guardia Nacional contemplan que para llevar a cabo esas labores tendrá que contar con órdenes de los jueces, con el control que el Ejecutivo ya asumió sobre el Poder Judicial, se teme que se incurra en arbitrariedades.
En todo ello coincidió la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, quien emitió un extrañamiento por el hecho de que la iniciativa presidencial de casi mil páginas, no fue enviada a dictaminar a la Comisión de Defensa del recinto.
“Se enmarca como la culminación del proceso para consolidar la militarización del país. ya desde la reforma Constitucional de septiembre del año pasado hemos venido condenando a quienes años atrás defendían la democracia, los contrapesos y la salvaguarda de derechos y libertades y que hoy desgraciadamente han decidido sentar las bases de un Estado militar”, sentenció el diputado Suárez Licona.
En tanto, la diputada Zavala Gómez del Campo también alertó que en el caso de la emisión de órdenes de los jueces para llevar a cabo operaciones encubiertas, allanamientos y la participación de “usuarios simulados”, lo prevé la Ley de la Guardia Nacional, pero no las leyes de seguridad e inteligencia que aún no han sido aprobadas.
Dichas normas señalan que no se requerirá autorización judicial no solo para investigar, sino para “prevenir” delitos, lo que representa una contradicción legal y un riesgo para las libertades de la ciudadanía.
Guardia, brazo de la SEDENA
Al defender el proyecto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía reconoció que la entrega formal de la Guardia Nacional, su administración y manejo operativo al Ejército, es transformar a la agrupación en otro “brazo” de la SEDENA.
Se hace para terminar con la “hipocresía” de gobiernos anteriores que utilizaron a las Fuerzas Armadas para asuntos de seguridad, sin contar con un marco legal adecuado.
“Ordenamientos que tienen que ver fundamentalmente con el nuevo régimen de la Guardia Nacional como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta transformación no solo representa un cambio normativo, sino la consolidación de una política de Estado que redefine el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, evitando la hipocresía y la simulación de regímenes anteriores”, recalcó.
Aseguró que la Guardia, desde su creación, ya estaba bajo el mando operativo militar, pero ahora se formaliza esa condición. Es necesario para enfrentar el desafío que representa el crimen organizado, enfatizó.
Mejía Berdeja también recalcó que las normas a debate, prevén controles democráticos y de legalidad, así como parlamentarios, para que se rinda cuentas sobre la operación de la Guardia.
Recriminó que en el Legislativo, la oposición rechace la reforma, cuando en los hechos, gobernadores y presidentes municipales de sus partidos piden el apoyo de la Guardia y el Ejército para enfrentar la inseguridad.
También admitió abiertamente, que la saliente Suprema Corte de Justicia, a la cual llamó en tono despectivo “Tremenda Corte” negó al gobierno anterior la entrega de la Guardia a la SEDENA, pero con su nueva integración, no habrá más obstáculos para ello.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Vázquez, se refirió a la falta de claridad sobre las condiciones laborales que tendrán los guardias nacionales.
Tampoco habrá certeza sobre las facultades de inteligencia que ejercerá la Guardia.